En octubre de 2018 el Gobierno puso en marcha un programa de ayudas para compensar los por aquél entonces elevados desembolsos en materia energética que debían afrontar los españoles. La intención del Ejecutivo era tratar de aligerar las facturas eléctricas de todas aquellas familias que se veían con el agua al cuello a finales de mes. Lo que nadie se iba a imaginar es que, tres años y medio después, la pandemia y la guerra en Ucrania iban a disparar el coste de la energía hasta cotas nunca antes vistas.
Desde verano y hasta la fecha han sido casi 400 los burgaleses que se han sumado al conocido bono social eléctrico, una cifra que deja el total de usuarios en los 11.203. A nivel nacional, según los últimos datos dados a conocer por el Gobierno, son alrededor de 1,6 millones los españoles que se benefician de los descuentos. En los pasados meses, siguiendo la tendencia de Burgos, el número de usuarios ha crecido notablemente, ya que en octubre eran unos 1,2 millones de personas, 400.000 familias menos.
A finales de marzo, el Gobierno anunció una nueva regulación que, según sus cálculos, podría ampliar en 600.000 las familias usuarias del bono social. Todas ellas cumplen al menos uno de los tres requisitos que les exige el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico: que su renta individual o la del conjunto de su familia sea inferior a unos mínimos, que tenga más de tres hijos (familia numerosa) o que el consumidor o todos los miembros del hogar sean pensionistas y sin ingresos extras superiores a los 500 euros al año. Solo se puede disfrutar si se tiene contrato en la tarifa regulada PVPC, fijada por el propio Ejecutivo.
Son precisamente estos clientes los que más están notando la escalada histórica de precios del megavatio hora, que ha ido batiendo récords semana tras semana. No obstante, en los últimos días el coste ha caído en picado fruto de la activación de buena parte de las energías renovables.
Sea como fuere, los descuentos a los que están adscritos los usuarios en función de su situación socioeconómica varían entre el 25% y el 70% del recibo de la luz. El porcentaje oscila en función de su grado de vulnerabilidad, y puede llegar al 100% en los casos más graves y de riesgo de exclusión social. Son las comercializadoras eléctricas las que asumen este importe, siempre de manera proporcional, en función del número de clientes que tengan registrados. De este modo, Endesa, Iberdrola y Naturgy financian más del 82% del presupuesto total anual (alrededor de 200 millones de euros).
Bono térmico. Junto al eléctrico, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico también tiene en vigor el bono térmico, destinado a servir de apoyo sobre todo a la población enclavada en las zonas más frías de la Península. Sus usuarios son los mismos que los del bono eléctrico aunque con ciertas diferencias: en este caso la prestación no se articula a través de descuentos, sino mediante un pago único anual a los consumidores a través de una transferencia bancaria y cuya cuantía depende del grado de vulnerabilidad y de la zona climática en la que se ubica.
Los burgaleses son los españoles más beneficiados, ya que 356 de los 370 municipios de los que consta la provincia tienen la categoría de 'muy fríos'. Esta distinción le sirve al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en función de una serie de variables geográficas, para conceder las diferentes ayudas destinadas a la calefacción.