A Juan Jesús Pérez ya ni siquiera le hace falta bajarse del coche patrulla para saber cuándo ha sido manipulada una tarjeta de estacionamiento en la plaza de personas con discapacidad. El brillo, el desgaste del color y el veteado blanco, entre otras cosas, delatan las falsificaciones. Un engaño deshonesto que, decidió tras localizar unos cuantos fraudes, no podía quedar impune. Desde entonces 'Jota', como le conocen sus compañeros de la Policía Local, encabeza un equipo de unas doce personas que, sin descuidar sus labores diarias, persiguen esta práctica que creció notablemente antes de la pandemia y que poco a poco van erradicando.
Pero antes de adquirir una gran destreza para detectarlos, Juan Jesús no tenía ni la más remota idea de que se pudieran llegar a manipular estos permisos. Fue un compañero de otra ciudad el que le puso en guardia. «Empecé a mirar y pronto me encontré cosas raras. A simple vista, cuando veía a un conductor saliendo del vehículo todo parecía correcto, pero poco a poco fui preguntando y me encontré muchas irregularidades», comenta. Las más flagrantes eran la utilización de tarjetas de familiares, algunos fallecidos, y las fotocopias.
En estos tres años, la Policía Local ha detectado cerca de 200 fraudes con las tarjetas de estacionamiento para personas con movilidad reducida. Pese a que a simple vista apenas existen diferencias, los agentes detectan una serie de características que evidencian la falsificación de la original. El relieve del escudo de la Junta de Castilla y León, la impureza del color o las líneas de impresión son las más notorias. Aunque lo que más dolió encontrar a 'Jota' fue cazar a una mujer que utilizaba el permiso de su hijo alegando que estaba en coma, pero lo cierto es que llevaba cuatro años fallecido. «Me llegó al alma», reconoce compungido.
Pero el engaño no es algo exclusivo de los burgaleses, sino que se han llegado a encontrar tarjetas extranjeras manipuladas. En concreto, varios ciudadanos franceses, belgas y alguno búlgaro. En todos los casos, trataban de eludir la sanción con algún tipo de excusa, como que desconocían la fecha de caducidad o que era la primera vez que la utilizaban.
La normativa regional castiga duramente estas conductas. Solo el hecho de estacionar en una zona reservada sin autorización ya conlleva una sanción de 200 euros. Las manipulaciones o el uso indebido de las tarjetas elevan la multa a más de 3.000 euros. Los casos más graves, como puede ser un cambio en la fecha de expedición o del nombre del titular, han terminado en el juzgado para que se instruyan diligencias por un posible delito de falsedad documental.
Los fraudes se incrementaron notablemente justo antes de la pandemia, pero el trabajo de los agentes del cuerpo municipal ha logrado frenar muchas falsificaciones. No obstante, hace unos días, detectaron a un infractor en las inmediaciones de El Plantío, lo que muestra que los agentes no bajan la guardia. «Vamos a seguir muy atentos. Tenemos varios objetivos localizados», advierte Pérez.