El pliego del procedimiento de licitación para contratar a una empresa que ejecute las obras que demanden los distritos, y que está valorado en 2,1 millones de euros, otorgaba 5 puntos a quien posea la certificación EFR de Empresa Familiarmente Responsable, un extremo que solo cumplía una empresa de la ciudad, y por ello el PP presentó un recurso ante el Tribunal de Recursos Contractuales de Castilla y León, el Tarcyl, al considerar que era discriminatorio para el resto de aspirantes.

Hoy, la portavoz del PP, Carolina Blasco, ha desvelado que el Tarcyl ha estimado su recurso y el expediente deberá retrotraerse al principio, de modo que será ya muy difícil que se pueda adjudicar este contrato antes de fin de año. "En la resolución se afirma que no se pueden usar esos certificados como criterios de adjudicaición. Son criterios que favorecen a las empresas amigas del equipo de Gobierno", ha expresado Blasco.