El Consejo de Cuentas de Castilla y León plantea 23 fiscalizaciones en su Plan anual para 2022, de las que 19 llevan la consideración de especiales y entre las que destacan en el marco del gasto sanitario los pagos realizados conforme al contrato del Hospital Universitario de Burgos (HUBU), el programa de deuda pública, los beneficios fiscales o la posición de las universidades públicas en los ranking internacionales.

El Plan Anual de Fiscalizaciones (PAF) para el año 2022 se encuentra en las Cortes de Castilla y León una vez que fue aprobado por el pleno del Consejo de Cuentas, que preside Mario Amilivia. Su luz verde está ahora en manos de los grupos parlamentarios. "Se trata de un plan ambicioso, que supone una carga de trabajo que superará el año natural de ejecución", define la institución.

Así, el plan presentado, consultado por Ical, recoge 22 fiscalizaciones procedentes del PAF de 2021, cuyas propuestas se centraron en su mayoría en la gestión de la covid, y 23 de carácter legal y especial para este ejercicio. Por mandato legal, está obligado a fiscalizar la Cuenta General de la Comunidad, expedientes del Fondo de Compensación Interterritorial, la contratación administrativa y el informe anual de las cuentas del sector público local.

"Valorando la importancia del gasto sanitario", plantea la fiscalización especial de la Gerencia Regional de Salud, con especial referencia a los pagos realizados en el marco del contrato del Hospital Universitario de Burgos. Ha sido siempre una reivindicación, hasta ahora no atendida, de la oposición socialista.

Ante la inclusión de esta fiscalización especial, fuentes del Grupo Socialista recordaron que ellos siempre han solicitado un informe completo sobre la licitación del contrato, de concesión de obra pública, para la construcción y explotación del HUBU, incluidos modificados y la ejecución del contrato. No obstante, se reservan su posición hasta que se celebre la Comisión de Economía y Hacienda, prevista el próximo mes.

En el ámbito de la situación económica de la Comunidad, enmarca el Consejo la auditoria especial del programa presupuestario de la deuda pública entre 2004-2021, así como los planes de medidas antifraude dentro de la nueva normativa de gestión de los fondos de recuperación, transformación y resilencia.

Los ingresos de carácter fiscal tienen una especial importancia en la situación económico-financiera, motivo por el que el Consejo de Cuentas se plantea fiscalizar los beneficios fiscales de la Comunidad. Además, con carácter especial, realizará un trabajo sobre la contratación menor.

Otras fiscalizaciones especiales son las actuaciones de las universidades públicas para su posicionamiento en los ranking internacionales, ejercicios 2012-2022; el análisis de las garantías de privacidad de los datos de usuarios de la plataforma de educación online utilizada por los centros públicos o el análisis de la estrategia regional de investigación e innovación para una especialización inteligente (RIS3) 2014-2020.

En el ámbito de las entidades locales, se propone comprobar el nivel de prestación y asistencia de las diputaciones provinciales a los pequeños municipios; el análisis de los municipios más incumplidores en la obligación legal de rendición de cuentas 2003-2020; la implantación de medidas antifraude; la suspensión de las reglas fiscales o el impacto de la reformas impulsadas en el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana 2017-2022.

Situación inédita

El plan mantiene fiscalizaciones anteriores como la contratación pública vinculada a la covid, su impacto en entidades del sector público o la fiscalización de la publicidad activa recogida en la legislación en materia de transparencia y el análisis de la calidad de los datos publicados por la Comunidad.

Según la normativa de la institución, corresponde a las Cortes la aprobación del Plan Anual de Fiscalizaciones (PAF), por lo que el presidente del Consejo de Cuentas, Mario Amilivia, defiende que sea este órgano quien acuerde su programa sin pasar por el Parlamento, como sucede en el resto de órganos autonómicos de control externo. De esa manera lo señala entre las propuestas para modificar su ley reguladora.

Precisamente, la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes rechazó en 2017 el proyecto del Plan Anual de Fiscalizaciones de ese ejercicio, en una situación inédita desde la creación del Consejo de Cuentas, que se vio obligado a presentar una nueva propuesta a los grupos parlamentarios.

El Consejo de Cuentas entendió, en esa situación, que solo podía realizar las fiscalizaciones de mandato legal, pero no las especiales, hasta que se aprobará un nuevo plan. Para evitar esa situación, sostiene que sería "deseable" homologar la regulación de la aprobación del plan al resto de los órganos autonómicos de control externo, ya que actualmente la normativa de Castilla y León constituye "una excepción".