El caso Berni ha desencajado las piezas del tinglado gubernamental que Pedro Sánchez consideraba bien engrasado porque sobrevivía a unos datos económicos alarmantes y una confrontación dentro del Gobierno que demostraba que el presidente no era capaz de vencer a Pablo Iglesias a pesar de que ni era vicepresidente ni ocupaba ningún cargo político; pero seguía manejando Podemos a través de Montero y Belarra, que no dejaban pasar un día sin encender un nuevo fuego en Moncloa. 

La prueba de que el Ejecutivo ha entrado en pánico es que ante un nuevo problema muy serio, la decisión de Ferrovial de trasladar su sede fiscal a los Países Bajos, la reacción de los miembros del Gobierno, incluido su presidente, ha sido disparatada, enloquecida, ineficaz y poco inteligente. 

La iniciativa de Ferrovial no se puede despachar con el envío desde Moncloa, a través de WhatsApp, de un argumentario para que los ministros sepan lo que deben decir cuando son entrevistados. La repetición de términos como codicia, festín, dumping fiscal, antipatriotismo o aprovecharse de las ayudas públicas, no es una coincidencia. Lo más sorprendente es que la propia vicepresidenta económica, Nadia Calviño, caiga en el error de esos argumentos. Ella sabe que si Países Bajos fuera un paraíso fiscal, la UE ya habría actuado. Bruselas no lo consentiría, todos sus miembros deben cumplir con la legalidad. También debería saber Calviño que en las últimas semanas han echado el cierre 10.000 empresas en España. 

La mayoría de los grandes empresarios han denunciado el acoso al que se ven sometidos. Primero, con el trato fiscal a la banca, muy enfocado hacia la presidenta del Santander, Ana Botín; después las descalificaciones a grandes empresarios por parte de miembros del Ejecutivo, como ha ocurrido con Amancio Ortega, Ignacio Galán o Juan Roig, además de nuevas y duras políticas fiscales hacia las grandes fortunas que han provocado que empresas y multinacionales hayan decidido trasladar su domicilio fiscal fuera del país mucho antes de que lo hiciera Ferrovial, cuyo propietario, Rafael del Pino, no ha trasladado su domicilio fiscal a otro estado, lo mantiene aquí, lo que significa que seguirá pagando sus impuestos a Hacienda. Las empresas se crean para ganar dinero que, a pesar de lo que diga el Gobierno no es algo rechazable sino que crea empleo y permite que sobrevivan las familias que no trabajan para empresas públicas o reciben subvenciones del Estado. 

La reacción desmesurada del Ejecutivo ante la iniciativa de Ferrovial ha sido recibida con asombro entre la patronal, porque hay que respetar las decisiones que toman las compañías para garantizar su supervivencia, pero también porque la consideran propia de países intervencionistas, populistas, muy alejada de la forma de actuar, tanto de empresarios como Gobiernos, en los países democráticos. Más aún, en el caso de la UE, cuyo origen fue fundamentalmente económico y muy garantista en las fórmulas de actuación empresarial.

Las sociedades españolas cada vez se abren más al exterior. Las grandes tienen más del 60 o 70 por ciento de su actividad y, por tanto, su negocio, fuera de España. Sobre todo, las relacionadas con los grandes proyectos energéticos y las infraestructuras. Pero también las de servicios, en muchos casos familiares, cada vez con más frecuencia miran hacia la internacionalización.

Tan desaforada ha sido la reacción del Gobierno ante el traslado fiscal de Ferrovial, que no sorprende que un empresario haya comentado a esta periodista que su primera sensación ante las duras acusaciones hacia Del Pino fue que Moncloa no es capaz de disimular su angustia ante una posible debacle electoral. Lo indican los sondeos pero, además, las consecuencias de la Ley del sí es sí, las críticas generalizadas por la desaparición del delito de sedición y la reducción de la malversación, que también tendrá desgraciadas consecuencias, más el caso Tito Berni, les están llevando a una situación electoralmente de muy difícil remontada.

Drogas y prostitutas

La trama destapada esta semana puede ser incluso más dañina que el caso de Ferrovial. Como se temía desde el principio, lo de menos son las cantidades de dinero presuntamente estafadas a empresarios que, aparentemente, no se conseguían. Lo grave, lo dañino, ha sido la metodología: transformar los despachos del Congreso de los Diputados en centros para hacer caja y, lo peor, acompañar las reuniones supuestamente de negocios con también supuesto consumo de drogas, visitas a prostíbulos y cenas de alto precio, todo ello con grabaciones de conversaciones de una ordinariez subida de tono.

La marca PSOE queda más tocada por el escándalo que ha provocado el caso Berni que por algunos sucesos de corrupción muy conocidos en España con cifras millonarias y condenas de muchos años de cárcel. Incluso, el nombre Tito Berni se adecúa más a un mundo de chapuza y torrentismo, impropio de cualquier persona de bien, por utilizar una terminología que ha usado Sánchez para atacar a Feijóo.

El grupo socialista está indignado. Se lanzan nombres sin ton ni son, se utiliza el caso para desprestigiar a quien no cae bien, y se aprovecha en tiempos electorales en los que está en juego estar o no estar en un lugar seguro en las listas. 

Hay indignación entre quienes han acudido a alguna cena con el diputado Fuentes Curbelo sin estar implicados en ninguna trama sospechosa o ilegal. Pero el simple hecho de aparecer a su lado puede provocar el fin de su carrera política.

En el PSOE hay muchos motivos para sentir preocupación ante la próxima cita electoral de mayo. Pero en los últimos días, con el caso Tito Berni y la idea de Ferrovial de trasladar su sede fiscal, la preocupación se ha convertido en pánico.