Pese a que Oleg N.P. alcanzó un acuerdo con la Fiscalía para reducir la condena por el asesinato de su hermano Aleksandar G. y bajarla de 18 a 12 años y medio de cárcel, el fratricida confeso se opuso a la otra parte del pacto. Y es que, tal y como marca el Código Penal, las personas de origen extranjero deben ser expulsadas tras cumplir dos terceras partes de la condena. Su abogado defendió ayer esta cuestión ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León tras plantear recurso a la sentencia previamente dictada por la Audiencia Provincial.

La defensa de Oleg N.P., quien reconoce los hechos acaecidos en enero de 2020 y acepta esos 12 años y medio de prisión, sostuvo ayer frente a los magistrados que la aplicación del artículo 89 del Código Penal que contempla la expulsión del país a los ciudadanos extranjero (es natural de Bulgaria) una vez cumplan las dos terceras partes de la condena procede «solamente cuando represente una amenaza grave para el orden público o la seguridad pública».

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