Una de las iniciativas más importantes que el PSOE y su socio de Gobierno, Unidas Podemos, sellaron para esta legislatura, aparte de la derogación de la reforma laboral que aprobó el PP en el año 2012, consistía en sacar adelante una nueva Ley de Vivienda.

Después de muchas reuniones, desacuerdos, declaraciones de ambas partes y presiones, especialmente para limitar el precio de los alquileres en las zonas más tensionadas, el PSOE y Unidas Podemos llegaron a un acuerdo para poner en marcha una nueva legislación, aunque la última palabra la tendrán comunidades autónomas que serán quienes soliciten al Gobierno la declaración de zonas de mercado de alquiler disparado.

Se trata de una iniciativa que nace sin consenso político y que divide aún más a los partidos que apoyan al Gobierno frente al PP, que ya ha manifestado que no la van a implantar en las autonomías españolas donde gobierna.

La futura Ley de Vivienda incluirá la regulación el precio del alquiler para los grandes tenedores, aquellos con más de 10 inmuebles, que deberán bajar por ley los precios de los alquileres en base al índice de referencia para todos los contratos en las zonas tensionadas. 

Además, podrá incluirá un impuesto mayor para las casas vacías a través del recargo del IBI de hasta el 150% con algunas excepciones y, en este caso, serán los ayuntamientos quienes lo apliquen.

Asimismo, obligará a reservar para vivienda protegida el 30% de las promociones inmobiliarias que se proyecten en el futuro y a destinar la mitad de ese porcentaje al alquilar social, con lo que el Ejecutivo confía en «incrementar de manera muy notable el parque público que existe actualmente en España.

Para que esta legislación tenga un mayor aceptación, Pedro Sánchez anunció, en paralelo, que se impulsará la creación de un bono de 250 euros al mes de ayudas al alquiler para jóvenes de entre 18 y 35 años, con rentas anuales inferiores a 23.725 euros, con el objetivo de facilitar su emancipación. 

En este contexto, pocas leyes han nacido con tan pocas posibilidades de prosperar después de que las grandes ciudades como Madrid y Barcelona se desmarquen abiertamente y muestren su rechazo al texto aprobado por el Ejecutivo. La ciudad Condal, que había aplicado anteriormente una norma con los mismos fines aunque con matices diferentes a la nueva ley, hundió la oferta de pisos en renta en el mercado en el primer año y, según han manifestado sus responsables políticos, esta nueva legislación no les satisface para implantar en Cataluña.

En Madrid, la aprobación de esta decisión ha unido a los partidos de la oposición en un acto que ha llevado al PP y Cs a votar a favor de una proposición presentada por Vox en el Pleno de Cibeles para que el ayuntamiento de la capital haga uso de todas las herramientas posibles «para no aplicar las medidas contra la propiedad privada de la Ley de Vivienda», por considerarla un «delirio populista» que, según denuncian, parece sacado del Manifiesto Comunista, en palabras del delegado de Desarrollo Urbano, Mariano Fuentes (Cs), y un «ataque a la libertad de Madrid y de los madrileños», según el concejal de Vivienda, Álvaro González (PP).

Según el concejal de Vox, esta nueva legislación supone un ataque a la libertad de los madrileños y una expropiación de viviendas al más estilo chavista».

Para el titular municipal de Vivienda del ayuntamiento de Madrid, Álvaro González, «lo urgente es que no salga adelante», además de defender que esta ley «ataca la propiedad privada, la libertad de los madrileños y hará que haya menos viviendas en alquiler».

La experiencia de intentar controlar los precios no ha sido satisfactoria tampoco en otras ciudades fuera de España donde existía un problema de altos precios. En Berlín, por ejemplo, tuvieron como resultado el aumento de las rentas del alquiler de un 30% en el primer año. 

El sector inmobiliario se ha mostrado en total desacuerdo con esta normativa aprobada por el Ejecutivo al entender que no va a solucionar el problema en las capitales más importantes como Madrid, Barcelona, Valencia o Bilbao, así como en los territorios insulares y que, incluso, va a subir el precio del alquiler ante una falta de seguridad jurídica frente a la okupación y va a reducir la oferta no solo en las zonas más tensionadas sino en el conjunto del país.

Consejo asesor

En este escenario, el Gobierno anuncia la creación de un Consejo Asesor de Vivienda, que será un órgano colegiado de carácter técnico, asesor y consultivo del Estado para la programación de las políticas públicas de vivienda, que estará integrado por asociaciones del tercer sector y otras asociaciones representativas de intereses afectados por la Ley, representantes empresariales y profesionales, del sector financiero, así como distintos profesionales expertos en materia de vivienda, del ámbito universitario o de la investigación.

Para mejorar las garantías en la compra o el alquiler de vivienda a través de información básica de las condiciones de la transacción, la persona interesada que se plantee aceptar una oferta podrá requerir, antes de la formalización de la operación y de la entrega de cualquier cantidad, una serie de información básica, acerca de las condiciones de legales, de las características del referido inmueble y del edificio en el que se encuentra para asegurarse la mayor transparencia.