La Mesa de la Automoción de Castilla y León abordó hoy la entrada en vigor norma comunitaria de emisiones Euro 7 ante la "notoria" preocupación del sector, que afectará a los vehículos nuevos de primera matriculación desde el 1 de julio de 2025. El vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, planteó consensuar un documento de conclusiones para alertar "con la máxima fuerza" al Gobierno y la Unión Europea del "grave problema" que generará pues que según los fabricantes puede conllevar el cierre de líneas y plantas de producción.
En un comunicado, la Junta informó de la reunión de la Mesa, convocada por el vicepresidente y que se prolongó durante dos horas en el Centro de Soluciones Empresariales de Arroyo de la Encomienda (Valladolid). Además, participaron el portavoz y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, y el titular de Industria, Comercio y Empleo, Mariano Veganzones.
Según precisó la Junta, sume en un "profundo desconcierto" a esta industria porque "impone adaptaciones de la producción de elevada cuantía, que quedarían de nuevo obsoletas si finalmente se produjera la prohibición de la comercialización de los coches gasolina y diésel en 2035".
El encuentro trató entre otras cuestiones los "desafíos" a los que se enfrenta el sector en el marco geopolítico actual y el impacto de la norma comunitaria de emisiones Euro 7. La Junta aseguró que para los productores parece imposible que en poco más de año y medio puedan abordar las distintas pruebas de homologaciones y sus correspondientes certificaciones como establece la norma Euro 7, ya que contempla nuevos límites de emisiones para óxidos de nitrógeno, monóxido de carbono, partículas, hidrocarburos, metano y amoniaco.
Desde la representación de la Administración autonómica, se reiteró ante el sector su "pleno apoyo y disposición" a defender la automoción de Castilla y León "en todas las instancias necesarias" debido a su valor estratégico en la economía y el empleo de la Comunidad.
García-Gallardo reiteró su preocupación ante las posibles consecuencias que esta normativa pueda tener en el empleo, tanto en el sector de la automoción como en sus industrias auxiliares, y reiteró el compromiso de la Junta por defender las demandas de productores y trabajadores. En este sentido, pidió al Gobierno de Sánchez que "deje de castigar a las regiones más leales con España" y que piense "en la economía, las empresas, los trabajadores y sus familias a la hora de legislar".
La desventaja de Europa frente al empuje industrial de China; la escasez de semiconductores, los costes de los transportes, de energías y de materias primas; o las condiciones y certezas que pueda ofrecer el nuevo PERTE, que en la última convocatoria dejó sin adjudicar alrededor de 2.200 millones de euros en el PERTE VEC fueron, según la Junta, otros de los asuntos tratados en la Mesa de la Automoción de Castilla y León.