Como ya ocurriera en la crisis financiera de 2008, los juzgados de lo Mercantil van a ser los más perjudicados por un más que previsible aluvión de asuntos como consecuencia de las secuelas de la covid, la subida de precios y la guerra en Ucrania. Pero es que, además, en los próximos meses entrará en vigor la nueva Ley Concursal que pretende dar cumplimiento a una transposición europea. Lo más destacado de este texto, aún anteproyecto, es la eliminación de la figura del administrador concursal en el caso de las empresas de menos de diez empleados. En estos procesos será el propio deudor el que tenga que ejercer este papel. Esta y otras cuestiones se tratan desde ayer en el Congreso de Reestructuración e Insolvencia que se celebra en el Teatro Principal. En él participan 25 magistrados de toda España especializados en la materia.
El director del Congreso, el extitular del Juzgado de lo Mercantil de Burgos, José María López Tapia, quiso ayer poner el foco precisamente en este aspecto de que sea el propio deudor el que ejerza de administrador concursal. «El procedimiento se iniciará a través de modelos normalizados que todavía no existen. Deberá primero acreditar que se encuentra en situación de insolvencia, acompañarlo de sus acreedores, el importe de sus créditos y el inventario de bienes y derechos. Esto sin la asesoría de un abogado, que es fundamental para un procedimiento de este tipo», reseñó.
El problema de fondo, destacó López Tapia, es que «tenemos un plazo para aplicar la directiva europea que finaliza en junio de este año y a día de hoy esos modelos normalizados ni siquiera existen». Es decir, ni siquiera se sabe cómo se va a articular una ley que sigue en fase de anteproyecto porque tiene que resolver aún unas 600 enmiendas. La mayoría de ellas, precisamente, por la desaparición de la figura del administrador concursal en aquellos procedimientos de empresas de menos de diez empleados.
Y es que esto afectaría principalmente a micropymes y autónomos, lo que supone aproximadamente el 95,7% del tejido empresarial español y el 96,3% de Castilla y León. Sociedades que se van a ver afectadas, auguran desde Trademat Subastas, impulsora del Congreso que se celebra en Burgos, por la crisis en Ucrania, la subida del precio de las materias primas o incluso las consecuencias de la pandemia. «Entendemos que va a haber un aluvión de concursos de acreedores por esta situación económica. Todo lo que ha sucedido en los últimos meses ha sido una tormenta perfecta porque muchas empresas no la van a poder soportar», explicó el director y cofundador de esta entidad, Luis María Arnaiz.
Este incremento considerable de los concursos está prácticamente asegurado en una provincia con un potente sector industrial, como es el caso de Burgos. Si a eso le sumas que solo un juzgado de lo Mercantil tendrá que hacerse cargo de la totalidad de los procedimientos, el colapso es inevitable. Buena cuenta de ello puede dar José María López Tapia, a quien le tocó vivir una situación similar hace una década. «En la anterior crisis llegamos a tener más de 400 concursos. La situación era de colapso total. Lo dije entonces y lo digo ahora: un solo órgano es insuficiente», concluyó. En previsión a este escenario, cree que las empresas no deberían esperar a declarar insolvencias.