San Juan de los Lagos fue hace más de tres décadas uno de los ejemplos más significativos de la construcción masiva de viviendas de protección oficial con más de 300 pisos distribuidos en once bloques. Un tipo de promoción que se ha ido reduciendo en los últimos años y que solo ha vuelto de nuevo a la actualidad con los 175 alojamientos de VPO que se están levantando en el antiguo parque de Artillería. 

La picaresca con este tipo de construcción que se detectó durante los años del boom de la construcción para su desclasificación ha caído en picado como prueba el hecho de que en la última década solo la han solicitado los propietarios de 55 viviendas en toda la provincia, según los datos facilitados por la Junta de Castilla y León. Hubo quien adquirió pisos de este tipo para de inmediato solicitar su descalificación y hacer negocio con la venta. Resultaba beneficioso a pesar de tener que devolver las ayudas obtenidas para su compra, porque la vivienda en el mercado libre alcanzaba un precio muy superior a la tasación inicial. Ello compensaba pero no en la actualidad porque los planes de vivienda posteriores fueron más rigurosos con el propósito de evitar la mercantilización.

Y es que para pedir el cambio de régimen es necesario acudir a la calificación definitiva de cada promoción en concreto y ver dentro de qué plan estatal de vivienda está incluida. Hay promociones que se pueden desclasificar y otras que no y la duración de la protección y el periodo a partir del cual se pueden descalificar también varía. La normativa vigente entre 2002-2005 supuso un «punto de inflexión», no pudiéndose descalificar viviendas hasta transcurridos 15 años; con el Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, por el que se aprobó el Plan Estatal 2005-2008, la protección se alargó durante toda la vida útil de la vivienda (30 años); y a partir de la Ley 9/2010, de 30 de agosto, del derecho a la vivienda de la Comunidad de Castilla y León, se volvió a bajar la calificación hasta los 15 años.

En el caso de las viviendas de protección pública de promoción privada podrán ser desclasificadas previa solicitud del interesado en tres situaciones: si han transcurrido 10 años desde la fecha en la que se otorgó la licencia de primera ocupación, cuando el suelo en el que se sustente la promoción no haya sido cedido ni enajenado por una administración pública, salvo en caso de conformidad expresa de dicha administración o que, en el caso de haberse obtenido ayudas, las mismas sean previamente reintegradas conforme a la normativa aplicable y se cancele el préstamo hipotecario obtenido con financiación pública, o se modifiquen sus condiciones adaptándolo a las nuevas circunstancias.
Solicitud. La solicitud debe presentarse en el Servicio Territorial de Fomento de Burgos mediante un formulario tipo. Una vez admitida y aceptada por la Comunidad Autónoma, se deberán devolver las ayudas públicas recibidas por parte de la Administración General del Estado, de la propia región y del pertinente Ayuntamiento, además de los intereses legales correspondientes, calculados desde el momento de la percepción de las ayudas. 

Las cantidades a devolver pueden alcanzar los 12.000-15.000 euros, por lo que muchas de las personas que consultan la situación de su VPO prefieren esperar al final de la protección para disponer de la vivienda libre. Es el caso de las primeras promociones que se pusieron en el mercado y que ahora sus propietarios están rehabilitando para mejorar su eficiencia energética o eliminar barreras. 

En el Registro Público de Demandantes de Vivienda de Protección Pública de Castilla y León hay más de 3.500 expedientes a la espera de acceder a una casa de VPO con un precio más asequible.