El secretario autonómico de UGT, Faustino Temprano, marcó el mes de septiembre como límite para llegar a un acuerdo con la Junta en materia forestal, en el marco del Diálogo Social, y que éste se incluya en el proyecto de Presupuestos de la Comunidad para 2023, que el Ejecutivo deberá presentar en octubre. «Alcanzar un acuerdo en esta mesa sin un presupuesto adecuado no sirve absolutamente para nada», sostuvo Temprano, durante una visita a Zamora acompañado por el secretario general del sindicato, Pepe Álvarez.
Por ello, estimó en 90 millones de euros la cifra necesaria para «afrontar el giro de 180 grados» que, afirmó, ahora el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, «sí desea acometer». «Es una pena que se haya dado cuenta cuando ha muerto un trabajador en los incendios de Zamora», sentenció.
Con esta cifra que sugiere UGT, con fondos propios de la Junta, se podría acometer las tres patas principales del nuevo acuerdo: reconocimiento de la categoría de bombero forestal, estabilidad en el empleo para los 12 meses y conjugar la actividad de los trabajadores que dependen de la Administración y los de las empresas privadas.
Temprano explicó que las políticas medioambientales y forestales son «competencia plena» de la Junta: «No le puede echar la culpa al Gobierno, han fracasado un año más». Sin embargo, aplaudió que el consejero «esté dispuesto a dar un giro de 180 grados» al abrir la mesa de Diálogo Social referente a las nuevas políticas forestales.
Igualmente, rompió una lanza en favor del consejero, ya que aseguró que UGT negociará «exclusivamente» con él, ya que es el que «tiene adjudicadas las competencias en medio ambiente». «En la Junta hay un Gobierno único y no se puede permitir que por un lado haya propuestas por parte del consejero del PP y por otro, propuestas populistas de los consejeros de Vox», criticó.
Temprano realizó estas declaraciones en Zamora, provincia que ha sufrido la quema de al menos 67.000 hectáreas este verano. Junto a él intervinieron, entre otros, el secretario regional de la FeSP-UGT, Tomás Pérez Ureña, quien acusó al Ejecutivo autonómico de «torpedear» al Gobierno central, que «se ha comprometido a aprobar una ley en octubre para unificar categorías y la política forestal nacional». «Se está encontrando bastantes impedimentos de algunas autonomías, en especial de la Junta de Castilla y León. Pido que no ponga palos en las ruedas y que colabore con el Gobierno para una política forestal unitaria, para que estos incendios se apaguen por bomberos forestales y los montes se cuiden por agentes con formación continua y con los medios suficientes», expuso Pérez Ureña.
Parados al monte.
También el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, afeó la medida anunciada por el vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, y que materializará la Consejería de Industria, Comercio y Empleo, que dirige Mariano Veganzones, de contratar a 400 desempleados para trabajar en la prevención de incendios. «Puede haber gente que sea tan ignorante que crea que la solución sea enviar a unos cuantos parados al monte, a ver si unos cuantos dicen que no quieren ir y ya podemos levantar una campaña de que el problema en España no es el paro, sino que la gente no quiere trabajar», expuso Álvarez.