La construcción quiere marcar el paso en la implantación de los planes de pensiones de empleo sectoriales, una nueva fórmula cuya regulación legal está aún pendiente del trámite parlamentario, pero que el sector ya ha pactado dentro del preacuerdo alcanzado para su VII Convenio General, que tiene una duración de 5 años y que afecta a cerca de 1,3 millones de trabajadores en España, en torno a 13.000 de los cuales operan en la provincia de Burgos.
La idea de implantar un plan de pensiones sectorial en la construcción se lleva fraguando desde hace más de un año, con conversaciones entre los sindicatos (UGT y CCOO), la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) y el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, impulsor de esta medida, implantada ya en grandes empresas.
El objetivo, explica uno de los negociadores, el burgalés Pedro Hojas, secretario general de UGT-FICA, es hacer más atractivo este sector para los jóvenes y para quienes quieran incorporarse al mismo, sumando a los avances en la formación y la prevención de riesgos, el complemento económico a las jubilaciones de sus trabajadores.
Las conversaciones han quedado plasmadas y acordadas la pasada semana en el VII Convenio General, de obligado cumplimiento a nivel nacional (aunque las tablas salariales sean diferentes en cada provincia), a la espera de que el proyecto de Ley de Regulación para el Impulso de los Planes de Pensiones de Empleo pase el trámite parlamentario, lo que se espera que ocurra durante este verano o principios del otoño.
El acuerdo laboral, explica Hojas, se anticipa a esta aprobación y ya recoge cantidades concretas que se harían efectivas este ejercicio. De entrada, se contempla un incremento salarial del 10% para 3 años (2022-2024) con la posibilidad de llegar al 13% aplicando la cláusula de revisión salarial. Los incrementos de los dos últimos años se pactarán una vez aclarada la evolución económica de los precios y de los problemas de abastecimiento y alza de las materias primas que afronta la construcción.
Así, en 2022 se aplica un alza salarial del 4%, aunque se establece que un 1% de la subida se destinará a la primera aportación al plan de pensiones sectorial, porcentaje que también aportará la empresa. En 2033, la subida es del 3%, incluyéndose en las nóminas el 1,25% para el plan. En 2024, se ha pactado otro 3%.
"No hace falta del acuerdo entre empresa y trabajador, aunque lo pactado es un mínimo que puede ser incrementado si así lo deciden las partes", explica el representante de UGT-FICA.
El éxito de esta fórmula se refuerza por los incentivos fiscales de los que gozará, tanto para las empresas como para los trabajadores. Si en los planes de pensiones privados la cantidad máxima deducibles es de 1.500 euros por contribuyente, en los colectivos se alcanzan los 8.500 euros al año, y cualquier trabajador de la construcción puede beneficiarse de esta desgravación.
"Hasta la fecha, solo las grandes empresas tenían este tipo de planes. La construcción ha sido pionera en su implantación a nivel sectorial y el preacuerdo es un aviso a nuestros representantes en el Parlamento de que ya hay casi un millón de trabajadores con la idea de implantar esta fórmula".
Hojas, que en su responsabilidad en FICA-UGT representa a los sectores de la industria, bienes de equipo y TIC (Tecnologías de la Información), minería, energía, agua, química, textil y artes gráficas, además de la construcción, está plenamente convencido que los planes de pensiones sectoriales se implantarán en todos ellos. "De hecho, ya hay patronales que están analizando el acuerdo que hemos alcanzado y estamos dispuestos a negociar más planes de pensiones para otros sectores".
Contratos
El VII Convenio General también regula las novedades incorporadas en la nueva reforma laboral adaptándolas a las necesidades del sector. Concretamente, regula el contrato indefinido adscrito a obra y el contrato temporal por circunstancias de la producción, cuya duración se acotó a 6 meses en la reforma, se ha ampliado hasta un año en el acuerdo, "incluyendo una salvaguarda de 26 de indemnización a la extinción del contra".
Los mismo ocurre con los contratos de los fijos-discontinuos, en los que también se fijan indemnizaciones superiores, se regulan los plazos de inactividad y la cuantía a percibir en los supuestos de contratas.