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Quintana pide que no se instalen plantas solares en regadíos

SPC
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El Procurador del Común apuesta por el "equilibrio" entre las plantas fotovoltaicas y el uso agrícola y ganadero de las tierras

Tomás Quintana. - Foto: Rubén Cacho (Ical)

El procurador del Común, Tomás Quintana, defendió hoy que tendría que buscarse un "equilibrio" entre dos "sectores estratégicos" para Castilla y León, como en su opinión son el desarrollo del sector primario y la promoción de las energías renovables, en este caso la de origen fotovoltaico.

En su intervención ante el pleno de las Cortes para presentar el informe de actividad de 2021, Tomás Quintana aludió a la actuación de oficio promovida con el fin de conocer el impacto que la "proliferación" de los proyectos de instalación de plantas fotovoltaicas podría tener sobre el uso agrícola característico de las tierras de cultivo o destinadas al aprovechamiento ganadero. 

En ese sentido, recomendó a la Junta que en los expedientes de autorización de uso excepcional de suelo rústico para la instalación de los llamados huertos solares evitase en aquellos terrenos que hubieran recibido una inversión pública para la construcción de infraestructuras de regadío y la modernización de las explotaciones agrarias existentes.

De igual forma, recomendó a la Consejería de Economía y Hacienda que asegurara que, cuando se proceda a la retirada y desmantelamiento de las instalaciones fotovoltaicas, los terrenos ocupados queden en un estado que permita el retorno  a los usos primarios del suelo.

Además, al constatar que algunos de estos proyectos pretendían instalarse en terrenos públicos, propiedad de ayuntamientos o juntas vecinales, recordó que se instó a las diputaciones para que, en aquellos expedientes que fuese necesaria su autorización, se asegurara el cumplimiento de los requisitos exigidos en el Reglamento de bienes de las entidades locales, en concreto, sobre lo referido a los bienes comunales. 

Finalmente, Quintana señaló que la labor de las diputaciones debe dirigirse a comprobar la inviabilidad económica del aprovechamiento agropecuario tradicional que hasta el momento se viniera realizando y que, por tanto, la única opción posible es su adjudicación a un tercero para la instalación de plantas de producción de energía fotovoltaica a cambio de un precio.