Entre el mes de julio de 2018 y septiembre de 2019 se han incorporado a la sanidad pública en la provincia de Burgos un total de 1.963 personas que no tienen regularizada su situación y que son coloquialmente denominadas ‘sin papeles’. Esta cifra supone el 0,5% de todas las tarjetas sanitarias de la provincia (350.121), según datos facilitados por la Gerencia de Atención Primaria. Colombia, Honduras, Marruecos, Brasil y Venezuela son, en este orden, los países de procedencia del mayor número de extranjeros sin documentación en regla que han solicitado tener derecho a la asistencia sanitaria, y por centros de salud, el de Aranda Norte y el de Gamonal, en la capital, son los que registran mayor número de personas en esta situación.
«Suponemos que esta distribución por centros de salud tiene que ver con los contratos que se hacen en la época de vendimia en la Ribera y con el hecho de que la zona de Gamonal es quizás donde se trasladan más a vivir las personas que acaban de llegar a España porque los precios de las casas sean más asequibles», explicó María José Pereda, coordinadora sociosanitaria del Área de Salud de Burgos, quien destacó que del total de las personas ‘sin papeles’ que han sido incluidas en el sistema sanitario, el 76,01% proceden de países de América Latina y solo un 3,67% de países subsaharianos: «Estas cifras explican que la gran mayoría de la inmigración no llega a España en patera sino en avión».
Los 1.963 ‘documentos de asistencia sanitaria para situaciones especiales’, nombre oficial que se le da a los ‘papeles’ que aseguran la atención, es decir, a las tarjetas de las personas extranjeras sin regularizar, suponen el 7% dentro del conjunto de personas no españolas que tienen en Burgos su tarjeta sanitaria, que son 26.434. En este sentido, los países de los que proceden ofrecen también una visión panorámica del origen de la inmigración en la provincia, que es mayoritariamente europeo: Rumanía (28,42% de los usuarios), Bulgaria (16,66%), Marruecos (10,03%), Colombia (5,47%) y Ecuador (2,53%). El 16,26% del total de la población extranjera con tarjeta sanitaria, es decir, regularizada, procede de América Latina y solo el 3,71% de países subsaharianos.En cuanto a los solicitantes de protección internacional, se han expedido documentos para que tengan acceso a la sanidad a personas procedentes de Venezuela en su mayor parte (37,05% del total), seguidas de originarios de Colombia, El Salvador, Ucrania y Honduras.
Los inmigrantes sin papeles fueron expulsados de la sanidad pública española, que hasta entonces había sido universal, en el año 2012, en plena crisis económica, cuando el Gobierno aprobó el Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, «de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones». Eso supuso que, salvo en determinadas excepciones -en Castilla y León se garantizaron las urgencias y la atención a menores y mujeres embarazadas, y la Primaria, a personas con enfermedad renal, enfermedad respiratoria crónica, patología mental grave o enfermedades que supusieran un riesgo para la salud pública-, la mayoría de la población extranjera sin papeles se quedó desasistida. Solo el compromiso de la mayoría de los profesionales sanitarios burgaleses, que actuó como en una red alternativa dentro del sistema, mejoró un poco la situación. Lo que no se pudo evitar fue que en muchas ocasiones, sobre todo en el hospital, los inmigrantes recibieran la factura antes de recibir la atención.
Este derecho se recuperó en 2018. Primero fue la Junta de Castilla y León la que el 12 de junio aprobó una resolución de la Gerencia Regional de Salud para garantizar formalmente la atención sanitaria de la población irregular, y más tarde, en julio, el Gobierno nacional publicó un real decreto que se aprobaría en septiembre y del que ahora se ha cumplido un año.
¿A quién incluye el decreto de acceso universal al sistema nacional de salud? Es variada la casuística: a la población extranjera en situación administrativa irregular que no se encuentre autorizada ni registrada para residir en España, a las personas que no tengan derecho a la condición de aseguradas ni de beneficiarias reconocidas por el Instituto Nacional de la Seguridad Social, a las que no puedan exportar su derecho a la asistencia sanitaria desde su país de origen y a las que no tengan terceros que estén obligados al pago de esa asistencia.
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