El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la Planificación de la Red de Transporte de Electricidad hasta 2026, que, con unas inversiones previstas de 6.964 millones de euros en diferentes actuaciones, se estima que generará cerca de 80.000 empleos hasta esa fecha.

El Gobierno ha dado luz verde en su reunión de hoy a esta planificación de inversiones en la red eléctrica, que -según indicó la secretaria de Estado de Energía, Sara Aagesen, cuando la presentó en el Congreso de los Diputados- permitirá un ahorro de costes al sistema eléctrico superior a los 1.600 millones anuales.

La nueva planificación está enfocada a conseguir la máxima penetración de renovables, e incluye los primeros desarrollos para la futura incorporación del hidrógeno verde y de instalaciones de eólica marina.

En concreto, está especialmente diseñada para desplegar nuevas instalaciones renovables en las zonas con mejores recursos y menor impacto ambiental.

Su ejecución permitirá que este tipo de generación crezca hasta cubrir el 67 % de la demanda nacional total -en 2021 llegó al 46 %-, reduciendo la generación con gas, rebajando la factura energética del país, y aumentando, con ello, su independencia energética.

Esta planificación, de carácter vinculante, define las infraestructuras de la red de transporte de electricidad de los próximos años y se ha buscado maximizar la utilización de la red eléctrica existente, renovando y ampliando su capacidad, y utilizando nuevas tecnologías, como baterías o compensadores síncronos, presentes por vez primera en la planificación.

Se podrán conectar 37.000 megavatios (MW) de nuevas instalaciones renovables y solo el 13 % requerirá nuevas subestaciones para conectarse.

Gracias a ello, las emisiones de gases de efecto invernadero del sector eléctrico bajarán hasta los 17 millones de toneladas de CO2 en 2026 (un tercio del nivel de 2019) y la penetración de las renovables alcanzará el 67 % ese mismo año, de acuerdo con lo contemplado en la senda del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), que prevé una penetración del 74 % en 2030.

Las mejoras de redes ya existentes beneficiarán a 8.000 kilómetros de red, a los que se sumarán 2.700 kilómetros de nuevas líneas y 700 kilómetros de interconexiones submarinas.

Según el análisis coste-beneficio que se ha hecho, la planificación supone una inversión total de 6.964 millones en infraestructuras con una media de 40 años de vida útil, que, una vez en servicio, permitirán un ahorro de costes al sistema eléctrico superior a los 1.600 millones anuales.

Desde el punto de vista macroeconómico, cada 10 millones de inversión generarán 15 millones de actividad industrial e incrementará seis millones el PIB.

Un 18% de la inversión será para interconexiones

La planificación contempla una inversión de 5.704 millones para actuaciones de refuerzo de la red de transporte nacional.

Mientras, las interconexiones con otros países recibirán cerca del 18 % de la inversión, unos 1.260 millones, y corresponden al proyecto submarino con Francia por el Golfo de Vizcaya, al enlace con Portugal por Galicia, a una tercera conexión con Marruecos, y a una nueva con Andorra.

La mayor partida inversora, el 27 % del total, con casi 1.900 millones, se destinará a la integración de renovables y a mitigar las limitaciones de la red de transporte que impedirían el aprovechamiento de las energías limpias.

Otros 1.550 millones irán a garantizar la seguridad, calidad y fiabilidad del suministro, incluyendo refuerzos para el apoyo a la red de distribución o la alimentación de líneas ferroviarias.

Asimismo, se invertirán 1.500 millones de euros en los enlaces no peninsulares (todos ellos submarinos) en las islas Baleares, Canarias y Ceuta.

El año que viene se lanzará un nuevo proceso de Planificación 2024-2029, de cara a incorporar nuevos desarrollos asociados al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, como los vinculados a la eólica marina o el almacenamiento, así como enlaces adicionales entre islas y dos nuevas interconexiones con Francia por la zona central de los Pirineos.

El Gobierno no ha hablado con las grandes eléctricas de poner impuestos

Por su parte, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha dicho este martes que en la reunión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con las grandes eléctricas no se ha hablado de poner impuestos a estas compañías, sino "del modo de conseguir energía más barata".

Ribera, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, se manifestaba así al ser preguntada por si se había tratado en ese encuentro sobre poner impuestos a las grandes eléctricas como una de las medidas para intentar paliar el efecto de la subida de la luz en los consumidores, como propone la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, de Unidas-Podemos, partido socio en la coalición de Gobierno.

"No hemos hablado de impuestos a grandes eléctricas: hemos hablado del modo de conseguir energía más barata y del modo en que grandes actores institucionales, como las grandes eléctricas, pueden contribuir en mucha mayor medida al confort de los consumidores", ha dicho Ribera.

La ministra ha señalado que en la reunión de Sánchez con los máximos responsables de las compañías eléctricas españolas se ha hablado del paquete de medidas que España quiere implantar tras el Consejo de Ministros europeo que se celebra esta semana.

Ha indicado que a la reunión de esta mañana con representantes del sector eléctrico le seguirá otra esta tarde con los del sector petrolero, del refino y comercializadores de carburantes.

Ribera ha dicho que el encuentro de la mañana ha permitido un diálogo constructivo y el presidente del Gobierno ha compartido con los máximos representantes de las compañías eléctricas el análisis que el Ejecutivo hace de la situación.

Ha explicado que Sánchez ha hablado del modo en que hay que facilitar el compromiso por parte de todos, también de las empresas eléctricas, con los consumidores que viven esta situación y qué fuerza adicional pueden y deben hacer las compañías, así como de la forma de activar la respuesta que corresponde en una situación como la actual.

También han hablado de acelerar la transformación del sistema energético, a través del despliegue de renovables y la eficiencia energética, y del papel que pueden desempeñar en este ámbito las compañías, además de compartir el análisis que hace Europa de la actual crisis energética y el que hace el Gobierno español.

Ribera ha señalado que también se ha tratado de cómo facilitar la rápida implantación de las renovables, sobre todo a pequeña escala, la eficiencia en los hogares y de cómo impulsar el plan para rehabilitar viviendas y sustituir las calderas más contaminantes por fórmulas más eficientes.