El pasado del PP, trufado de acusaciones de corrupción, ha vuelto a interponerse estos días en el camino de Pablo Casado, que ha visto cómo la imputación de la exsecretaria general Dolores de Cospedal ha obstaculizado sus mensajes de cambio de ciclo en España.
La euforia que en las últimas semanas se vivía en las filas del PP, que lidera en las encuestas y ha encabezado las críticas al Gobierno a raíz de los indultos del procés o la crisis con Marruecos, ha dado paso, de nuevo, a los silencios y la elusión de explicaciones sobre el pasado. «Ya hace cuatro meses dije que no iba a volver a hablar de cuestiones que no me corresponde valorar», aseguró Casado el pasado jueves desde Ceuta, y agregó que «son cuestiones que nada tienen que ver» con su responsabilidad como presidente del PP y «mucho menos» con las preocupaciones que tienen ahora los españoles. A la vez que pronunciaba aquellas palabras, el líder popular exigía a los suyos no dar respuesta a las preguntas sobre corrupción en febrero, tras la debacle electoral en Cataluña, que coincidió con las revelaciones de Bárcenas sobre la caja B.
Sin embargo, la gravedad de la imputación de Cospedal para Génova la marca la talla del personaje: una década como número dos del PP y la persona que fue clave en la llegada de Casado a la presidencia de los conservadores, ya que le respaldó en la segunda vuelta de las primarias, tras quedar tercera.
De hecho, la imputación ha tenido una respuesta singular del PP. Ante la misma causa, y el mismo momento procesal, los populares abrieron expediente informativo al exministro Jorge Fernández Díaz, pero no lo hacen con Cospedal. El Comité de Derechos y Garantías del PP, que preside Andrea Levy, dio dos argumentos para ello: que debe ser el tribunal el que determine si la exministra de Defensa ha incurrido en corrupción y que, en todo caso, según los estatutos del PP la infracción habría prescrito, pues las faltas graves prescriben en cinco años (artículo 19.2). También sostienen que la conducta por la que ha sido imputada «no resulta del ejercicio de un cargo público o representativo», aunque en la época del presunto espionaje, entre 2013 y 2015, Dolores de Cospedal era secretaria general del PP y presidenta de Castilla-La Mancha.
Amortizada
Aunque la investigación sobre la exministra hace presente un pasado que Casado buscaba dejar atrás y que había logrado orillar gracias al éxito de Ayuso, en el PP son varias las voces que consideran amortizada la corrupción. Sin embargo, al margen de impacto en el electorado, estos casos impiden al líder popular marcar su propia estrategia de oposición.
El bloqueo se puede extender en el tiempo, después de que el excomisario José Manuel Villarejo vinculase al expresidente Mariano Rajoy con el espionaje. Asimismo, tanto Cospedal como su marido, el empresario Ignacio López del Hierro, declararán los próximos días 29 y 30 ante el juez.
A ello, se une la decisión del Congreso de posponer la comparecencia en sede parlamentaria de la exnúmero dos de los populares, que posiblemente se repetirá con Rajoy, después de que los trabajos de la comisión de investigación se hayan extendido hasta diciembre y se bajaren nuevos comparecientes, como la otra mano derecha de Rajoy, Soraya Sáenz de Santamaría, a quien Vox ya pide citar. «Estos lo que quieren es tener abierta esta comisión cinco meses y que así no se hable de los indultos y se hable de esto. Es lo que quieren», se quejó la propia Cospedal desde los pasillos del Congreso, donde acudió porque, según aseguró, nadie le comunicó que la cita quedaba suspendida.