Un vecino de Aranda de Duero de 44 años ha sido condenado a 20 meses de prisión -cuatro meses por otros tantos delitos de lesiones y cuatro más por uno de atentado contra un agente de la Guardia Civil-, después de que disparase su escopeta de perdigones e hiriese a cinco personas la madrugada del 29 de octubre de 2017. La sentencia de la Audiencia Provincial de Burgos suma a esta condena indemnizaciones en concepto de responsabilidad civil a favor de los heridos, que van desde los 21.900 euros que recibirá el más perjudicado hasta los 80 euros del más leve, así como a la Gerencia Regional de Salud, a la que deberá abonar 3.232,17 euros. A todo ello añade el tribunal una multa de 180 euros por un delito leve de lesiones y otro de igual cuantía por el de atentado.

La sentencia se dictó después de que la defensa aceptase las penas solicitadas por las acusaciones y que en el acto del juicio oral tanto el acusado como su letrado ratificasen su conformidad ante el tribunal.

Los hechos se remontan a la madrugada del domingo 29 de octubre de 2017, cuando el acusado estaba en Roa de Duero. Los hechos consideran probado que, en torno a las 5 horas, este individuo estaba a la puerta del bar ‘Sabor a ti’ y empezó a increpar a dos jóvenes, llegando a agredir a uno de ellos, empujándole y dándole un puñetazo que le causó lesiones. No contento con eso, "les dijo que esperasen que les iba a matar y se dirigió al vehículo con el que se había desplazado hasta el lugar, extrayendo del mismo una escopeta de caza y munición".

El relato de los hechos en el texto de la sentencia refleja unos momentos de caos y terror. Ya con el arma en la mano y cargada, primero disparó contra otro hombre, "que en ese momento acababa de salir del bar ‘Metal’" y que no había tenido tiempo de percatarse de la situación que se estaba produciendo en la calle. "Cuando vio a diversas personas correr despavoridas y, a continuación, al acusado portando la escopeta", relatan los hechos considerados probados por la sentencia, "presa del pánico corrió en dirección contraria" y "fue alcanzado en la espalda, en un brazo y en la cabeza por el disparo efectuado por el acusado". Este primer herido fue el más afectado, acabando con al menos 60 lesiones por perdigón, de los que en distintas intervenciones médicas y quirúrgicas le extrajeron algunos, pero aún tiene incrustados en su espalda, brazo y cuero cabelludo hasta 52 perdigones, que le siguen provocando secuelas y que serán de por vida porque los médicos no recomiendan la extracción de tantos proyectiles.

Pero la correría nocturna del acusado no acabó allí, porque llegó a disparar al menos otros dos cartuchos, con los que llegó a alcanzar y herir a una mujer y tres hombres más. Tanto ella como uno de ellos recibieron impactos de perdigones en el cuero cabelludo y la espalda, mientras que otro los recibió en una pierna y el último sufrió una contusión en la mejilla izquierda. No contento con esto, cuando los agentes de la Guardia Civil acudió a detenerle, le propinó una patada a uno de ellos, causándole lesiones.

El acusado, que no tenía antecedentes penales, era en el momento de los hechos paciente de los servicios de salud mental del Hospital de los Santos Reyes de Aranda, hasta el punto que ese mismo mes de octubre había estado ingresado por vía de urgencia. La sentencia constata que, en el momento de los hechos, este individuo había consumido alcohol y drogas "que mermaban su capacidad intelectiva y volitiva", sin que se hayan tenido en cuenta como atenuante a la hora de fijar la sentencia, que se dictó tras la conformidad de las partes.

El acusado había pagado ya, antes incluso de la celebración del acto del juicio, el importe de las indemnizaciones, que suman 28.340 euros, repartidas en 21.900 euros la más elevada, dos de 3.000 euros, 200 euros para el agente agredido de la Guardia Civil, 160 y 80 euros respectivamente para los dos hombres con lesiones más leves, más la correspondiente a la gerencia de Sacyl; a lo que sumó también los costes procesales.

La pena de privación de libertad no ha llegado a ejecutarse ya que el Ministerio Fiscal, de acuerdo con las acusaciones y la defensa, no se opuso a sus suspensión siempre y cuando durante tres años el condenado no volviese a delinquir, se le privase del permiso del arma y se le decomisase el arma, además de continuar con el tratamiento psiquiátrico al que se estaba sometiendo en el momento de los hechos por los que fue juzgado.