Los casos judiciales del PP y el procés, la tensión que revive en Cataluña o la negociación de los primeros Presupuestos del Gobierno de coalición son algunas de las incertidumbres que planean en un otoño atípico, en el que, sin embargo, el control de la pandemia de nuevo centrará la atención y preocupación de los españoles. La cifra de personas infectadas por la COVID-19 en el país ha superado ya las 700.000, de las que 31.000 han fallecido, y los contagios siguen subiendo, con la Comunidad de Madrid a la cabeza.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no contempla un nuevo confinamiento de toda España, si bien el pasado miércoles, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ante el crecimiento imparable de contagios y muertos, no descartó nada. Son las autonomías las que van decretando cierres parciales, como el que desde esta semana afecta a 37 áreas sanitarias de la Comunidad de Madrid (a falta de actualizaciones), donde los contactos se limitan además a seis personas. Antes de anunciarse en la capital del Reino, los límites a la movilidad los han adoptado previamente 11 comunidades autónomas y han afectado a más de 40 municipios.

¿Estados de alarma autonómicos?

Tras una gestión centralizada de la primera ola del coronavirus, el jefe del Ejecutivo central quiere que sean las regiones las que piloten ahora esta segunda ola. La Moncloa asegura una y otra vez, cual mantra, que estará para «ayudar y reforzar» a las autonomías, en quienes recae la gestión, como decidió el pasado verano.
Desde el Gabinete de Pedro Sánchez se recuerda a los presidentes autonómicos que pueden solicitar la herramienta legal del estado de alarma en casos de extrema gravedad en los que no sean suficientes los instrumentos legales que existen actualmente para poder controlar una pandemia incontrolable. En caso de que lo hiciesen, los regidores autonómicos serían los que tendrían que comparecer ante el Congreso de Diputados para dar cuenta de la situación y, eventualmente, solicitar prórrogas.
Por el momento, nadie ha dado el paso para ello, aunque es probable que a lo largo del otoño los españoles vean por primera vez a un presidente regional solicitando un estado de alarma para su territorio. De esta forma, el Ejecutivo se quitaría más de una losa de encima, ya que sufrió mucho para ir sacando adelante las prórrogas. 
Cuando de esa hipótesis se trata, las miradas se dirigen sobre la representante madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que se reunió con Sánchez el pasado lunes. Acordaron una tregua que se rompió el pasado viernes.  
La presidenta, no obstante, quiere «evitar a toda costa el estado de alarma y el confinamiento», que suponen, asegura, «el desastre económico». Desde que comenzó la pandemia, en Madrid se han detectado unos 195.000 infectados mediante PCR. La situación es tal que los policías municipales se niegan a comunicar positivos PCR en domicilios por la falta de EPIs. Los sindicatos denuncian que los agentes tienen que ir a casa de los contagiados y estar más de 15 minutos con ellos, pero tan solo tienen mascarillas quirúrgicas para protegerse.
La preocupación por la Sanidad ha crecido hasta el punto que el 84 por ciento de los españoles cree conveniente reformarla después de lo vivido estos últimos meses.

El desplome económico y nuevos presupuestos

El estado de alarma dejó una caída sin precedentes del PIB del 18,5 por ciento en el segundo trimestre respecto al primero, tras el desplome tanto de la demanda interna como externa y con un único sector, la agricultura, en crecimiento.
En el segundo trimestre se han destruido 1.074.000 empleos, pese al paraguas de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) bajo el que han llegado a estar unos 3,4 millones de trabajadores, una estrategia que se extingue a finales de este mes y que el Gobierno quiere renovar, aunque por el momento no hay acuerdo con los agentes sociales.
En ese contexto de crisis económica, el Gabinete de coalición se enfrenta a uno de sus grandes desafíos, la elaboración de unos nuevos Presupuestos, pues España aún sigue regida por los aprobados en 2018 con el Gobierno del PP (los famosos PGE de Cristóbal Montoro). La aprobación de unas cuentas públicas nuevas dejaría muy encarrilada la legislatura.
Mientras, el Gobierno central va apurado de tiempo en la redacción de los Presupuestos, con lo que es probable que se vuelvan a prorrogar los existentes para después aprobar unos nuevos. El PSOE y Unidas Podemos ultiman la negociación del proyecto de PGE con visiones muy distintas en cuestiones como los impuestos, pero más difícil que el pacto interno será la búsqueda de apoyos parlamentarios, pues la coalición gobierna en minoría.
Dentro de su denominada estrategia de geometría variable, Sánchez no renuncia a buscar apoyos tanto a la derecha (Cs) como a la izquierda (Más País, NC), nacionalistas (PNV) e independentistas (ERC y EH Bildu) en sus socios de investidura, pero su vicepresidente segundo y líder de Podemos, Pablo Iglesias, presiona para que los Presupuestos salgan adelante con el apoyo o la abstención de republicanos y abertzales. De hecho, montó, algo sin precedentes en la Historia política de España, unas reuniones paralelas a las de la vicepresidenta primera y amiga Carmen Calvo. 
cataluña

La negociación presupuestaria con Esquerra estará condicionada por la situación en Cataluña. La más que probable inhabilitación del presidente catalán, Quim Torra (el pasado miércoles se permitió decir que no reconoce a los tribunales españoles), por parte del Supremo, ha desencadenado nuevas tensiones en las filas independentistas, que tienen visiones distintas sobre un posible adelanto electoral para los primeros meses de 2021 que reclaman los republicanos, frente a la negativa de Junts per Cat.
Aunque el Parlament ha dejado entrever que pretende desautorizar la posible inhabilitación del gerundense y rechaza las propuestas de la oposición para convocar elecciones ya, no hay aún un plan definido de respuesta. Que se sepa... 
Según la ley, sería el vicepresidente del Govern, Pere Aragonès (ERC), quien asumiría las funciones que dejaría vacantes el jefe de la Generalitat, salvo tres de las atribuciones presidenciales: plantear una cuestión de confianza, designar o destituir consellers y convocar elecciones.
En ese contexto, Sánchez acusa a Torra de judicializar el conflicto catalán y le responsabiliza del bloqueo que podría provocar su inhabilitación. La mesa bilateral sigue pendiente de convocarse. 

El gobierno de los jueces

Los órganos de gobierno de los togados siguen en funciones y no hay visos de que la situación vaya a cambiar en los próximos meses: Pablo Casado se niega a pactar la renovación del Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) o el Defensor del Pueblo mientras Podemos esté en el Gobierno.
Mientras, sube de forma considerable la presión judicial sobre el PP, que esta misma semana ha visto cómo el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha citado como imputado al exministro del Interior Jorge Fernández Díaz en la pieza de la Kitchen, donde se investiga una supuesta trama parapolicial para espiar al extesorero del Partido Popular Luis Bárcenas en busca de documentos comprometedores para dirigentes del bloque conservador.
Un partido que está también pendiente de la sentencia del Supremo sobre Gürtel, que puede tener impacto político porque Génova, entre otras cosas, sostiene que la Audiencia Nacional no debió pronunciarse sobre la caja B por no ser objeto de ese procedimiento.
Entre tanto, el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, está contento porque ha recuperado recientemente su condición de perjudicado en el caso Dina, pero su partido, Podemos, está a expensas de lo que suceda con la investigación de la financiación. El secretario de Comunicación del partido, Juanma del Olmo, y otros dos cargos, deben declarar como imputados el próximo 20 de noviembre. Desde luego, la fecha se las trae... 
Si el juez hace caso a la Fiscalía de Madrid, investigará el contrato con la consultora Neurona de las elecciones de 2019, pues existen elementos que determinan que no se ha acreditado la justificación del gasto y que la empresa se creó ad hoc para la prestación del servicio.
Además, el Supremo debe decidir si investiga las querellas presentadas contra el Gobierno por la gestión de la pandemia, aunque la Fiscalía ha pedido que no lo haga. Por el momento no se ha pronunciado sobre las comisiones del AVE a La Meca y si considera que el Rey Juan Carlos pudo cometer un fraude fiscal por no declarar el dinero de la donación en España, un asunto sobre el que quizás se pronuncie su amiga Corinna Larsen cuando mañana declare como investigada en el caso Villarejo.
De todos modos, la Justicia en España vive sus horas más bajas ya que la próxima semana el Gobierno empezará a tramitar los indultos de los líderes condenados por el procés. Curiosamente, el anuncio ha coincidido con la negociación de los Presupuestos, y, de hecho, el guiño de socialistas y morados a JxCat, que se deja querer, fue escandaloso para algunos.

Los nombres propios

PEDRO SÁNCHEZ ,Presidente del Gobierno

El jefe del Ejecutivo central, que a juicio de las encuestas, no está sufriendo un excesivo desgaste por la gestión de la pandemia, cuenta con el viento político de cara:tiene casi atados a sus aliados en los Presupuestos (la tramitación de los indultos es clave), con ERC y EH Bildu entre otros, y se acerca el anuncio de las elecciones catalanas (posiblemente en enero), por lo que vamos a ver a un Sánchez muy condescendiente con los independentistas, tanto que hasta no deja ir al Rey a Cataluña.  

PABLO CASADO, Presidente del PP

El otoño se le puede hacer muy largo para el líder de la oposición. Y es que las causas judiciales abiertas contra el PP, por mucho que no se canse de decir que él no pintaba nada, le pueden hacer daño a Pablo Casado. A esto hay que añadir que el supuesto viraje al centro (el cambio en la Portavocía ha sido sintomático) le deja el camino de la derecha expedito a Vox y que habrá que ver si se mantiene el Gobierno de Ayuso, cuya imagen está lastrando la del partido a nivel nacional.

PABLO IGLESIAS, Vicepresidente segundo del Gobierno

Una vez que parece que se ha quitado la pesada losa del caso Dina, el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, seguirá abonado a la estrategia de que la mejor defensa (sospechas de corrupción en su partido) es el ataque, por lo que seguirá atizando con furia a los partidos de la oposición y continuará abonado al monotema: España debe ser una república cuanto antes. Seguirá haciendo de puente con ERC y Bildu.   

JOAQUIM TORRA , Presidente de la Generalitat de Cataluña 

Las horas de Torra al frente del Govern parecen contadas. Previsiblemente, la próxima semana será inhabilitado por cometer un delito electoral. Con un personaje que a veces se autoparodia, sin nada que perder y con Carles Puigdemont dictándole órdenes desde Bruselas, habrá que ver la forma en la que morirá matando, porque lo hará. Se espera que los CDR se echen a la calle. Yhabrá más sorpresas.    

ISABEL DÍAZ AYUSO, Presidenta de la Comunidad de Madrid

El próximo domingo se espera una gran manifestación contra la presidenta madrileña por su decisión de confinar 45 zonas mientras el Ejecutivo le pide que blinde Madrid. Su gestión, polémica, está a la altura de sus declaraciones, lo que hace que los periodistas la adoren. En Ciudadanos, su socio de Gobierno, están quemados con ella y un sector importante quiere echarla en una moción de censura que les daría el poder.

CARLOS LESMES, Presidente del Tribunal Supremo  

La instancia que dirige el madrileño, que lleva en funciones desde diciembre de 2018 seguirá, muy posiblemente y a su pesar (PSOE y PPno se ponen de acuerdo), en el cargo, va a ser observada con lupa en estos meses. Tiene muchos frentes abiertos:las querellas contra el Gobierno por su labor en la pandemia hasta las comisiones del AVE a La Meca y el posible fraude fiscal de Juan Carlos I, la inhabilitación de Torra...