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Vox no descarta encargar otro informe sobre la plaza Santiago

C.M.
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El concejal Fernando Martínez Acitores no confía en el elaborado por la dirección de obra sobre las goteras y la impermeabilización y pide al equipo de Gobierno que encargue otro independiente o lo hará el Grupo Municipal

Las goteras de la plaza de Santiago pueden volver al juzgado - Foto: Patricia González

El concejal de Vox Fernando Martínez-Acitores ha anunciado hoy su grupo exigirá al equipo de Gobierno otro informe independiente sobre el problema de goteras del aparcamiento de la plaza de Santiago tras la remodelación de la plaza al considerar que el elaborado por la dirección de obra no es independiente. De lo contrario la propia formación de Vox no descarta encargar uno por su cuenta. Según explicó, el documento, que se entregó a los grupos el viernes aunque está fechado el 5 de abril, asegura que las goteras no se deben al cambio de material, dado que este es "equivalente" sino a las juntas de dilatación. "Ha habido poca transparencia en este tema y si no encargan un informe independiente lo haremos nosotros". 

Según avanzó este periódico en su edición del sábado, los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Burgos, incluidos los del Departamento de Gestión Administrativa de la Gerencia de Urbanismo (antes llamada de Fomento), han confirmado que el 'cambiazo' de pavimento en la obra de la plaza Santiago debió de estar sujeto a una solicitud de modificación del contrato. De poco sirve que la dirección de la obra, el contratista e incluso el técnico municipal responsable de supervisar el contrato hayan defendido que se trata de pavimentos «equivalentes» y que lo hayan desvinculado de las goteras que aún persisten en el garaje subterráneo ya que la diferencia de precios entre y uno y otro hacían preceptivo que el órgano de contratación lo autorizara. Y eso, es indiscutible.

Reconocida la negligencia, a la que ya apuntó hace casi tres meses el jefe del área de Contratación del Ayuntamiento, el equipo de Gobierno no tiene otra salida que dar marcha atrás y para ello planea que se declare «lesivo» el acto administrativo de recepción de la obra. Para tratar de conseguirlo acudirá al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo. La autora del proyecto se autoexculpa de responsabilidades y cifra el coste del arreglo en 120.000 euros