Pese a la contundencia con la que se pronunció recientemente el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León en una sentencia en la que condena al Ayuntamiento a pagar 1,14 millones de euros al resto de propietarios que conforman la Junta de Compensación del sector S-22 (Monte de la Abadesa), en la Gerencia de Urbanismo (antes Fomento) se ha adoptado por recurrir el fallo ante el Tribunal Supremo para tratar de eludir el abono de una deuda, en forma de derramas, que ha dificultado el desarrollo urbanístico de alrededor de dos millones de metros cuadrados.

El TSJ afeó al Ayuntamiento que durante estos años haya «actuado contra sus propios actos y con doble vara de medir» porque a cuenta de las derramas que giraba la junta de compensación a sus distintos miembros, el Consistorio, que forma parte de la misma como propietario del 12% de los terrenos, ha actuado de diferente forma en función de si el reclamado era la propia Administración local o si lo eran otros titulares de suelo.

Cabe recordar que fue en 2007 cuando se aprobó el proyecto de actuación para desarrollar este sector y que entre 2009 y 2013 la junta de compensación comenzó a girar al Ayuntamiento cuatro derramas millonarias que fueron desatendidas por silencio administrativo. Curiosamente, el Ayuntamiento, como ente tutelante de la junta, se encargaba de enviar providencias de apremio a otros morosos, pero no hacía frente a los pagos que le correspondían al Consistorio.

En el número 1 de la plaza Mayor defendían durante estos años que la cuantía de las derramas era desproporcionada y no encontraban justificación a algunas de ellas.

No solo era el Ayuntamiento el que no pagaba ya que el desarrollo de ese sector no hacía más que complicarse debido a su enorme extensión y a la gran cantidad de propietarios que conforman la junta de compensación. Algunos de ellos decididos en sacar adelante este macroproyecto y otros sin demasiado ánimo.

El tribunal llegó a compartir las quejas del Ayuntamiento capitalino pero, por otro lado, deja constancia de que a la tardanza para que se desarrollara el sector «ha contribuido también la actuación del Consistorio de Burgos, no solo por negarse a abonar las derramas que a él le corresponden como propietario, sino también por no llevar a final término las vías de apremio instadas por la junta de compensación contra los propietarios morosos». Hasta el punto de obligar a la junta a tener que buscar el amparo judicial para lograr dicho fin».

Lo cierto es que el recurso ante el Tribunal Supremo, más allá del sentido de su pronunciamiento, lo que hará es dilatar la solución a un conflicto enquistado. El desenlace no será rápido.