El Gobierno de coalición del PSOE y Cs está buscando por todos los medios la forma de cauterizar la herida que se le ha abierto después de que el área de Vías Públicas presentara una alegación a la Ordenanza de Terrazas diseñada desde la Concejalía de Licencias en la que advierte que una sentencia del Tribunal Supremo de 2019 prohibe la instalación de terrazas adosadas a fachadas. Dicho de otra manera, que los negocios de hostelería ubicados en las calles Sombrerería, San Lorenzo y la plaza Roma no podrían sacar mesas a la calle. Esta situación ha provocado reuniones al máximo nivel técnico y la realización de consultas tanto al letrado municipal como al secretario general, que parece que coinciden en la interpretación de que el Ayuntamiento no se puede alegar a sí mismo (aunque puede que exista algún precedente).

De esta manera, el Ejecutivo podría encontrar los argumentos para desestimar la alegación de Vías Públicas, sin perjuicio de que el jefe de Licencias habría traslado también de manera informal al equipo de Gobierno que es posible respetar el espíritu de la sentencia con la colocación de pavimento podotáctil por una zona de estas calles en la que no haya terrazas y que los invidentes se puedan guiar.

Más allá de lo que suceda con esta alegación, el Ejecutivo tiene otro problema encima ya que su objetivo es aprobar la ordenanza de manera definitiva en el Pleno ordinario del próximo mes de marzo y que entre en vigor una vez publicada en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP). De cumplirse esos plazos, el Ayuntamiento se encontraría con una normativa que exige la existencia de ese pavimento especial para que los negocios de estas tres zonas afectadas puedan tener terrazas.

El problema que se presenta es que la normativa llegaría antes de que ese pavimento se hubiera colocado. Y esto es así, entre otras cosas, porque el Ejecutivo se habría encontrado con una cierta resistencia para que el área de Vías Públicas les facilite una estimación de cuánto podrían costar esas obras. Necesaria para poder incluir una partida en la modificación presupuestaria que se aprobará en primavera. A partir de ahí, aún habría que esperar varios meses para que esas obras (que se tienen que licitar, adjudicar y ejecutar) estén terminadas.

El texto de la Ordenanza, eso sí, contiene una disposición transitoria que podría hacer que estos negocios pudieran salvar el verano ya que, desde su entrada en vigor, concede un plazo de seis meses para solicitar una nueva licencia. Dicho de otra manera, podrían apurar hasta el último momento para regirse por la normativa anterior.

Si el Ejecutivo mantiene sus plazos existe el riesgo cierto de que se pasen los seis meses y no exista el pavimento para invidentes. Y sin ese firme no podrá haber terrazas.