La titular del Juzgado de Instrucción número 2 aún no se ha pronunciado sobre si reabre la causa contra el concejal Julio Rodríguez-Vigil por un presunto trato de favor a un hostelero, pero sí que ha admitido que el Ayuntamiento de Burgos se persone en el procedimiento. La Audiencia Provincial decretó el archivo provisional del caso a principios del mes de junio, pero tres semanas después la Fiscalía pedía su reapertura, al mismo tiempo que el Consistorio solicitaba unirse a la causa como acusación particular. 

Ante las alegaciones de la defensa del exedil del equipo de Gobierno, el juzgado entiende que el Ayuntamiento «tiene un interés legítimo en conocer el resultado del procedimiento, en cuanto es parte afectada por el mismo, sin que se haya producido ninguna nulidad en el procedimiento en relación con el Consistorio de Burgos».

En el escrito remitido a la jueza para la reapertura de la causa -aún no se ha pronunciado sobre este extremo- la Fiscalía pedía la práctica de las testificales a las funcionarias del Consistorio que revelaron los indicios de la presunta conducta delictiva del exedil del equipo de Gobierno. La negativa de la magistrada a tomar declaración a las empleadas -y el hecho de que el Ministerio Público no recurriera la decisión- fue lo que provocó que la Audiencia archivara el procedimiento hace algo más de 2 meses. 

El tribunal provincial sobreseyó temporalmente el proceso al estimar parcialmente el recurso de Vigil contra el auto de apertura de procedimiento abreviado que había dictado el juzgado de Instrucción 2. La Audiencia consideró que el abogado del investigado tenía que haber estado presente en la declaración que hicieron las seis funcionarias en el expediente administrativo que abrió el Ayuntamiento, de cuyo testimonio fueron obtenidos «los indicios de la presunta actuación delictiva» del político. Esa ausencia en el procedimiento administrativo pudo haberse subsanado en la instrucción penal si las empleadas hubieran sido llamadas a declarar, momento en el que hubieran podido responder a las preguntas del letrado del concejal. El Ministerio Público pidió la toma de declaración, pero el juzgado estimó que no era necesario, tras lo cual la Fiscalía tampoco recurrió.