En su huida hacia adelante tras ser apartado del bipartito y denunciado ante la Fiscalía por presunto trato de favor a un hostelero, el exconcejal del equipo de Gobierno Julio  Rodríguez-Vigil continúa con su venganza y ha presentado su tercera querella contra el alcalde de Burgos, Daniel de la Rosa. En esta ocasión lo hace por el supuesto trato de favor del Ayuntamiento a los propietarios de la parcela de Mifer -en la carretera de Arcos-, a quienes fue retrasando la imposición de sanciones a la espera de que fructificara la venta de esos terrenos a una empresa arandina que por el momento no ha ejercido su derecho de compra.   

El exedil de Ciudadanos, que ya ha declarado como investigado por su supuesto trato de favor al dueño del Carpanta- ha presentado la denuncia y el Juzgado de Instrucción número 1 de Burgos ha abierto diligencias previas para solicitar al Consistorio que remita el expediente sobre la gestión urbanística de la antigua fábrica de Mifer, en el que De la Rosa no ha tenido ningún tipo de intervención desde su inicio.

En mayo de 2021 Rodríguez-Vigil ya advirtió de que multaría a General Burgalesa SA, sociedad dueña de la parcela, por no llevar a cabo una serie de actuaciones para mejorar la seguridad del edificio. Pero posteriormente esta empresa informó al Ayuntamiento de que se hallaba en tratos con Inversiones y Nuevas Tendencias de Burgos (Invesbur), para venderle la propiedad. De manera que el Ayuntamiento decidió detener el procedimiento sancionador para ver si se materializaba el cambio de propietario. Finalmente no ha podido ser y, como ya publicó este periódico hace tres semanas, el área de Licencias ya tiene preparada la primera multa, de 30.000 euros al mes por un periodo de diez meses.

Esta es la tercera denuncia que presenta Vigil contra De la Rosa. En la primera que formuló también se hallaba el vicealcalde, Vicente Marañón, como denunciado, al que acusa de favorecer presuntamente a familiares suyos en la adjudicación del contrato de Basuras.

La otra es la que tiene que ver con el 'caso Niño Jesús', en el que una técnico municipal dejó sin efecto una sanción de 150.000 euros contra la constructora por la caída de una fachada protegida del antiguo colegio convertido ahora en edificio de viviendas, una información que adelantó Diario de Burgos. En este procedimiento no ha incluido al vicealcalde, Vicente Marañón, solo al máximo regidor municipal, pese a que no tuvo ninguna intervención en la tramitación de ningún expediente sobre este asunto ni su firma está en esa documentación.