Ni la ayuda de una magistrada de apoyo ni tampoco la agilidad con la que se resuelven los asuntos han conseguido evitar que la situación en el Juzgado de Familia e Incapacidades sea cada vez más insostenible. La carga de trabajo no solo no disminuye, sino que mantiene una tendencia alcista en los últimos años y en 2019 ingresó 2.112 procedimientos, un 5% más que el ejercicio anterior. Esto supone que sigue asumiendo el doble de los que marca el Consejo General del Poder Judicial, ya que la horquilla que establece en un estudio de medición se sitúa entre los 908 y los 1088. De ahí que la memoria del Decanato concluya la necesidad de crear un nuevo órgano encargado de los temas relacionados con divorcios, separaciones o custodias compartidas. Algo que, por cierto, ya reclamó hace un año el propio presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, José Luis Concepción.
La situación, por tanto, no es nueva. Las medidas que se han establecido para tratar de contener este colapso han sido en balde porque, tal y como defienden tanto desde el Decanato, como el propio titular del Juzgado y los letrados, no han sido más que parches. De enero a mayo de 2019, Familia estuvo reforzado por una magistrada de adscripción temporal. Tras finalizar este periodo, en octubre volvieron a asignar a otra jueza, en esta ocasión en comisión de servicio sin relevación de funciones, para que asumiera el 35% de la entrada de los procedimientos.
A pesar de todo, los señalamientos de juicios se están realizando con relativa agilidad. La media de citaciones está en los dos o tres meses en líneas generales, lo que significa que la respuesta de los magistrados es muy aceptable. Eso se ve reflejado también en los niveles de pendencia de procedimientos, que en 2019 fueron 962 y que en porcentaje en los últimos años ronda el 15%, uno de los más bajos de la Jurisdicción Civil. Incluso los propios abogados especializados en este tipo de asuntos se sorprenden del gran trabajo de los jueces y trabajadores de este órgano. «Teniendo en cuenta los medios con los que cuentan, es de justicia decir que van bastante rápidos. Más aún si se compara con otras provincias», indica el letrado Pablo Monsalve.
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