Siempre actúa de la misma y execrable manera. Con la complicidad de la noche y ataviado con una braga negra que oculta buena parte de su rostro, espera a que sus víctimas traten de entrar al portal. Frío y calculador, lleva vigilando sus movimientos semanas. Allí, en el mismo rellano, las amenaza con un cuchillo para que no griten y las obliga a trasladarse hasta un lugar apartado, a veces al garaje, otras a un descampando, donde las fuerza a desnudarse para agredirlas sexualmente, dejando marcadas de por vida a unas mujeres que no olvidarán jamás lo ocurrido. El tiempo no lo cura todo.
Tras su tercer ataque, es detenido, pasa a ser juzgado, ingresando en la prisión salmantina de Topas. En un permiso penitenciario en 2012 acude a la casa de su exmujer, a la que viola de una manera despiadada. De nuevo, es condenado, pero desde la cárcel no se cansa de remitir cartas dirigidas a la que fue su compañera de vida, amenazándola con volver a buscarla para acabar con su vida. La angustia y el sufrimiento de la mujer es inhumano. Él jamás manda las misivas directamente, sino que se las remite a una vecina para que se las haga  llegar o se compincha con algún preso para que las envíe. Ella se consume. Su día a día es un auténtico sinvivir, siempre con el temor sobrevolando sus pensamientos de que su verdugo pueda abandonar la cárcel y ejecutar su macabro plan.
Lo peor está por llegar. Aunque aún le quedan varios años entre rejas, logra una rebaja de casi tres como consecuencia de los beneficios de la Ley del solo sí es sí, quedando libre antes de tiempo. La mujer  abandona su localidad y, pese a contar con protección policial, vive escondida, angustiada, con la sensación de que él pueda pasar en algún momento de las amenazas a los hechos.     
La Ley de Garantía Integral de Libertad Sexual, que entró en vigor el pasado 7 de octubre, ha generado un enorme malestar tras permitir más de 300 revisiones de penas a violadores y agresores sexuales, con la consiguiente rebaja, así como la excarcelación de cerca de una treintena de delincuentes. La polémica norma contempla que todo acto sexual sin consentimiento será considerado como agresión sexual, lo que ha provocado que el término «abuso sexual» desaparezca, al converger y englobarse como agresión, cuya pena mínima es de seis años, algo a lo que se han agarrado muchos letrados para tratar de reducir las penas de sus clientes, amparándose en el artículo 2.2 del Código Penal que concluye que siempre deberá aplicarse la ley «más favorable» al reo.
Tras meses de críticas de la oposición y de buena parte de la sociedad, el PSOE se ha mostrado favorable esta semana a llevar a cabo cambios que sirvan para frenar la rebaja de penas y las excarcelaciones. Su socio de Gobierno -Podemos- e impulsor de la ley, pese a las muchas reticencias que ha puesto a lo largo de estos meses para su modificación, se abrió a cambiar la norma siempre que se respete el consentimiento, horas después de que el mismo Ministerio de Igualdad esquivara de nuevo el bulto, presentando un decálogo que, entre otros aspectos, planteaba formar a los jueces para que «apliquen correctamente el texto». 
Resultaba inadmisible que desde la formación morada insistieran en continuar con esta deriva perniciosa que ha generado gran alarma social, evitando enmendar un error que es evidente que lo ha desencadenado el legislador y no las decisiones de algunos jueces, a los que han llegado a tildar de «fachas con toga».
Manuela Carmena instaba hace unas semanas a Igualdad a modificar la ley para evitar que el número de rebaja de penas y excarcelaciones siguiera aumentando. La que fuera alcaldesa de Madrid acusaba a Podemos de «soberbia infantil» por no corregir la norma, acusando al Ministerio que dirige Irene Montero de «poca inteligencia» si no rectificaba. Igualdad hacía oídos sordos una vez más y emprendían de nuevo una huida hacia adelante desesperada ante una situación que se les había ido de las manos, por mucho que insistieran -hoy lo siguen haciendo- en que el problema es de interpretación.
La polémica fue in crescendo, desde que la ministra advirtiera primero que no iba a haber ningún beneficio penitenciario, para insistir en que la ley era perfecta -algo que incluso fue refrendado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez-, hasta llegar a las polémicas declaraciones de su número dos, Ángela Rodríguez Pam, que ironizó entre risas con la rebaja de penas a los agresores sexuales, que cada día eran más numerosas.  
La situación era insostenible. El PSOE, que había dado luz verde a la ley y en cuyo seno cada día surgían más voces críticas con la norma, pretende, con o sin sus socios, modificar cuanto antes todo aquello que permite que los delincuentes sexuales se beneficien y puedan salir de prisión antes de tiempo. La medida no frenará las revisiones, pero sí impedirá que las rebajas afecten a nuevas condenas. Como dijo el poeta Alexander Pope, rectificar es de sabios, aunque unos hayan tardado demasiado tiempo en hacerlo y otros insistan en no asumir responsabilidades y en seguir echando la culpa al empedrado.