Antes de que acabe el mes el Gobierno tiene previsto aprobar la denominada renta mínima vital, una prestación estatal que tiene como objetivo paliar las dificultades económicas en las que viven muchas familias, agravadas ahora por la crisis derivada de la pandemia de la covid-19. Se trata, según definición de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza, "de un derecho subjetivo de las personas que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad para el desarrollo de la vida en condiciones básicas de dignidad y de bienestar". Para dar a conocer en qué consiste esta aportación económica estatal y "luchar contra los prejuicios", esta entidad ha iniciado la campaña divulgativa Renta mínima, sí. Pon tus prejuicios en cuarentena, cuyo manifiesto ha sido refrendado por once ONG burgalesas: Accem, Burgos Acoge, Promoción Gitana, Hechos, Cáritas, Cruz Roja, Fundación Secretariado Gitano, San Vicente Paúl, Plena Inclusión, Proyecto Hombre y Juan Soñador. Todas ellas consideran que se trata de "un requisito indispensable para que personas y familias con mayores dificultades puedan cubrir sus necesidades, participar y contribuir a la sociedad en la que viven, hacer frente a la pobreza severa y poder salir de la exclusión social".
La ayuda, que es compatible con las que prestan las comunidades autónomas (en Castilla y León, la renta garantizada de ciudadanía), debe asegurar, a juicio de estas organizaciones, la eliminación de la pobreza severa y la reducción de la pobreza relativa, "proporcionando a los hogares sin ingresos o con ingresos por debajo del umbral de la pobreza una renta que les permita salir de tal situación", pero también de la pobreza infantil "mediante un complemento por hijo a cargo" y otro por vivienda en el caso de que no se tenga la adecuada.
Piden, además, que se incremente la inclusión social "estableciendo el derecho a los itinerarios sociolaborales personalizados para favorecer la reincorporación al mercado de trabajo" y que se haga a través de un sistema ágil y accesible para que quien lo necesite pueda acceder sin trabas. Estos colectivos consideran que la renta estatal permitirá que las personas inviertan en la compra de alimentos, el pago de suministros y otros servicios básicos que moverán la economía local "en unos parámetros de mayor dignidad".
Manuel Fuentes, director de Proyecto Hombre, insiste en que esta renta mínima tiene mucho que ver con la dignidad de las personas: "Ya la tienen por el hecho de serlo pero contar con un apoyo para salir adelante les hace sentir respaldados por la sociedad en la que viven. Quienes nos dedicamos a la inclusión social, que vemos de cerca muchas realidades muy duras y difíciles, sabemos la falta que hace este tipo de sostén para conseguir una vida normalizada". A su juicio, quienes hablan de ‘la paguita’, como despectivamente se ha denominado a esta renta desde algunos sectores sociales, "tienen una visión distorsionada de la realidad como quienes dicen que quienes se drogan lo hacen porque quieren, algo que muchas personas sostienen cuando no han visto de cerca las adicciones". En este sentido, cuenta que su experiencia en la entidad que atiende a personas con problemas con las drogas le indica que "nadie quiere ser sostenido sino conseguir sus propios recursos para vivir" y cree que este tipo de ayudas suponen un beneficio para todos: "No estamos aislados del mundo, para Proyecto Hombre las personas tienen sentido desde la comunidad".
Por su parte, Nuria Revilla, trabajadora social de Burgos Acoge, explica que su entidad se muestra a favor de la renta mínima "porque un ingreso estable y digno es un derecho fundamental para garantizar el desarrollo personal, social y profesional de todas las personas, pudiendo enriquecer y contribuir de esta manera a construir una sociedad más justa e igualitaria". Desde esta ONG entienden que también que supone una inversión, ya que "el bienestar de las personas, influye directamente en que puedan alcanzar su máximo potencial y así poder contribuir al enriquecimiento y empoderamiento de toda la sociedad. Es un recurso para desarrollar y potenciar los talentos y ponerles a disposición del conjunto de la ciudadanía".
En Castilla y león, las personas que han agotado todas las prestaciones o mecanismos de protección pueden solicitar la renta garantizada de ciudadanía, a la que Burgos Acoge sigue encontrándole "multitud de dificultades en el acceso, mantenimiento y finalidad" así como una burocracia "rígida, excesiva y no accesible a toda la población, ya que muchas personas no pueden acceder a la documentación exigida, especialmente personas de origen extranjero cuando les es imposible conseguir documentación de su país de origen".
Retraso en el cobro. Cree Revilla, por otro lado, que los tiempos para cobrarla se alargan mucho ya que hay personas o familias que tardan "entre 4 ó 6 meses en tener una resolución, en el mejor de los casos favorable". "Cada vez hay más familias sin ingresos que pierden esta prestación porque es imposible poder mantener los requisitos que dan derecho a la misma, no tiene en cuenta determinas circunstancias personales ni toma en consideración factores de vulnerabilidad", añade.
Por su parte, Cáritas defiende que los ingresos mínimos sean considerados un derecho, y que, por lo tanto, no estén supeditados a la disponibilidad presupuestaria, a modificaciones legislativas que puedan aprobarlos o eliminarlos o a unos procedimientos administrativos tan complejos o exigentes que acaben por difuminar su ejercicio efectivo. Considera la entidad, demás, que a este ingreso mínimo debería acompañarle un complemento de vivienda y un complemento salarial, al que se podrían añadir otros como los de emergencia o los de pensiones, "siendo los tres primeros irrenunciables", además de existir ya en varias comunidades autónomas. "Supone reconocer que todas las personas, por su dignidad, tienen derecho a disponer de recursos monetarios. Por otra parte, existe también el derecho a la inclusión social, pero no deben ser interdependientes, y por este motivo habría que valorar cómo se vincula la percepción del ingreso mínimo con otras exigencias", indica María Gutiérrez Pulgar, responsable de Acción Social.
De la propuesta que ha trascendido, considera "muy positivo" que este ingreso sea compatible con el empleo, ya no se desincentiva la búsqueda de trabajo, al no tener que optar entre uno u otro, y además se ataja el fenómeno de los trabajadores pobres, personas que, aun teniendo empleo no pueden cubrir sus necesidades básicas.
Con respecto a la edad de los beneficiarios que propone el Gobierno (de los 23 a los 65 años) Cáritas cree que debe ampliarse porque algunas pensiones, sobre todo las no contributivas, "sitúan a muchas personas al borde de la exclusión y un ingreso mínimo entendido como derecho debería cubrirles".