La reciente aprobación de la Ley de Educación, LOMLOE, conocida como Ley Celaá, supone una normalización del sector educativo y un ejercicio de cohesión social necesario. Estamos ante una ley positiva, en línea con la legislación de los países más avanzados de la OCDE y es de esperar que surta los cambios precisos en el sistema, en la formación del profesorado y en el modelo docente para alcanzar mejores resultados educativos, que falta hacen. 
El primer beneficio de la nueva norma está en acabar con la LOMCE o Ley Wert, impuesta por el Partido Popular en 2013, cuyos resultados más evidentes se vieron en el informe PISA del año pasado: España bajó cinco puntos en matemáticas y diez en ciencias, situándonos a la cola de los países de la OCDE (puesto 28 de 37). El otro elemento clave es su apuesta decidida por una educación pública capaz, sólidamente financiada; un elemento clave para contar con un país preparado ante cualquier crisis, con verdadera igualdad de oportunidades para todos.
Resulta penoso ver cómo la enseñanza concertada ha cedido su medios, redes y púlpitos a la campaña antigubernamental orquestada por la oposición, con el decidido apoyo de la Iglesia. Buscando desgastar al Gobierno, sembrar desafección y miedo, se está manipulando a los padres con cartas y soflamas sobre el cierre de los centros concertados. Uno esperaría de maestros y profesores, y aún de padres del Ampa, un interés acorde a su profesión y cualificación, vaya, que en vez de regirse por el whatsapp de un fulano acudieran al texto legal para comprobar si es verdad que está en riesgo su centro concertado. Y ya se lo anuncio: no. Las fake news llegan porque la LOMLOE debilita el peso de la religión que, sin embargo, sigue presente en la oferta educativa; porque prioriza la no segregación por sexos, amén de la educación en valores de igualdad, respeto y multiculturalidad. Tampoco es verdad que el castellano desaparezca. Ni que la Ley fomente la vagancia al abordar el problema de los repetidores (nuestro país tiene un disparado 28,7%, frente al 11,4% de media de la OCDE). Ni van a cerrar los centros de Educación especial. 
Los intereses son, evidentemente, otros. Se juegan más arriba. Y no tienen nada que ver con la Libertad y, dudo mucho, con la Educación.
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