A mediados del próximo mes de enero se conocerá el Índice de Precios al Consumo (IPC) real, un dato que ha pasado casi desapercibido para la ciudadanía durante los últimos años pero que en este 2021 cobra especial relevancia por la extraordinaria escalada del costo de la vida a todos los niveles en la que estamos inmersos, desde la electricidad y los carburantes hasta los alimentos e incluso los juguetes. A día de hoy hay un dato exacto: en septiembre el IPC alcanza el 4% tras encadenar siete meses de subida. Es decir, se sitúa 4,4 puntos por encima de lo registrado el mismo mes del año pasado y todo apunta a que esta tendencia se mantendrá o se agravará hasta diciembre. De hecho, capítulos con peso estratégico en la bolsa de la compra como la luz se han disparado un 44% y los carburantes suben un 22,1% en la gasolina y un 23% en el diésel.

Sea cual sea el IPC con el que termine el año (ya hay quien apunta  que superará el 5%), la gran mayoría de trabajadores tendrán que asumirlo sin poder modificar salarios, pues la mayor parte de los convenios colectivos sectoriales y de empresa que rigen la economía burgalesa han dejado de estar referenciados al índice que mide la evolución del coste de bienes y servicios. La negociación colectiva ya no contemplan una revisión anual de los sueldos cuando el IPC se incremento ligeramente o se dispara, como parece ser el caso de 2021.

En la gran negociación colectiva, la de los sectores productivos, solo hay cinco excepciones a la regla general. Son convenios con cláusulas de revisión o de actualización, lo que, por un lado, garantiza el mantenimiento del poder adquisitivo de los trabajadores y, por otro, y más ahora, supone una sobrecarga en el capítulo salarial para unas empresas que también soportan en este 2021 abultadas facturas en la energía, el suministro de materias primas o el transporte, entre otros muchos conceptos.

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