Mientras los estados miembros comenzaban ayer en la Comisión Europea las negociaciones del nuevo marco presupuestario de la Política Agraria Común (PAC), el director general de esta materia en Castilla y León, Juan Pedro Medina, se sentaba ante los profesionales del sector para desgranar los aspectos más significativos que recogerá el nuevo documento para el periodo 2021-2017 y que, como bien explicó el representante de la Administración regional, «no nos gusta nada», en referencia al tema que más está centrando la atención, como es el previsible recorte del 14% en las ayudas, tanto en los pagos directos como en los fondos de cohesión.

El propio Medina hizo suyas las palabras que antes de la reunión había lanzado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a quien pidió firmeza en la defensa de los intereses del sector para España, aunque también mostró su confianza en que, finalmente, ese porcentaje de recortes sea menor que el que recoge la propuesta actual porque de lo contrario, supondría sumir más en la crisis a agricultores y ganaderos.

Por otra parte, y también como consecuencia de la mayor tecnificación e innovación que Europa pretende introducir en el sector agrario, Medina apuntó que en la provincia será en las zonas de Lerma y Aranda en las que se inicie el proyecto pionero de monitorización por satélite de las fincas declaradas por los perceptores en la PAC, de tal manera que habrá un control ‘en tiempo real’ de las mismas. Este tipo de tecnologías supondrán un mayor y mejor conocimiento de las superficies cultivadas en todos los sentidos, siembra, utilización de fertilizantes, control de suelos... para aportar una mayor rentabilidad a las explotaciones. Medina valora positivamente las innovaciones tecnológicas.

En cuanto a lo que supondría para Castilla y León, donde la agricultura y ganadería tiene gran peso en el Producto Interior Bruto y las ayudas europeas suponen un tercio de la renta de los profesionales, Medina evitó poner sobre la mesa cifras, aunque reconoció que de aprobarse el recorte del 14%, «las cuentas son claras», en referencia a los casi 860 millones menos que llegarían a la región, 650 del fondo de garantía y unos 210 de los fondos de desarrollo rural, en el nuevo periodo de aplicación, es decir, en torno a los 140 millones al año.

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