Pese a que desde el 1 de enero el Juzgado de Primera Instancia número 4 de Burgos dejó de estar especializado en asuntos bancarios, aún quedan pendientes de resolver numerosos procedimientos. Un volumen de trabajo que, advirtió la titular hace unos días en un informe debatido en la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, era elevado para una sola persona. Es por eso que el órgano regional ha aceptado la petición de la magistrada y alargará el refuerzo de otra jueza por lo menos otros tres meses.
Una vez que concluya ese periodo, lo que indica el acuerdo de la Sala de Gobierno del TSJ es que se valorará la necesidad de ampliar la medida de refuerzo. La idea es que en ese tiempo, que comienza a contar desde el 1 de enero de 2023, concluirá la tramitación de los procedimientos en materia relativa a acciones individuales sobre condiciones generales incluidas en contratos de financiación.
Primera Instancia 4 estaba especializado en este tipo de asuntos desde mediados de 2017. Tras dos años de toma de contacto con la materia, el juzgado comenzó a ingresar tal número de pleitos que fue necesario reforzarlo con otra magistrada para poder resolver con mayor agilidad. A principios de 2019, el Tribunal Supremo sentó jurisprudencia sobre cómo quedaban fijados los gastos hipotecarios entre los clientes y las entidades bancarias. Eso provocó un mayor ingreso de asuntos, hasta el punto de que en ese primer trimestre se duplicó su trabajo e hizo temer en un colapso.
Al contrario que en otros órganos judiciales, la pandemia no afectó a éste en demasía. Y es que una vez se reabrieron los plazos procesales se optó por celebrar la mayoría de vistas de manera telemática, lo que agilizó aún más un ritmo de trabajo que ya por entonces tenía velocidad de crucero. El descenso de ingresos de procedimientos desde entonces fue progresivo, hasta el punto en el que el volumen de entrada a finales del año pasado era el más bajo desde su creación (798 procedimientos) y su nivel de pendencia de 300.
De hecho, de los tres órganos especializados en la Comunidad (Burgos, León y Valladolid), Primera Instancia 4 era el único que tenía unos niveles que hacían innecesaria la dedicación exclusiva y excluyente de la magistrada titular y de la de refuerzo. Así pues, el pasado día 21 de diciembre la Sala de Gobierno del TSJ entendió que no había «ninguna razón objetiva, en base a los números de ingreso y pendencia», que recomendasen prorrogarla, de manera que los asuntos nuevos se repartirán en el resto de los juzgados civiles.