El comisario de Justicia de la Unión Europea ha venido a España por los problemas en la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Ha intentado mediar entre el gobierno y la oposición, cuya falta de acuerdo causa el bloqueo que sufre el Consejo. Regresa a Bruselas advirtiendo que la renovación debe hacerse antes de que España pase a ocupar la presidencia temporal de la UE, que toca el 1 de julio próximo. El tema es importante porque afecta al normal funcionamiento de la Justicia en España.

El sistema de advertencias de la Comisión no es una cuestión cualquiera, aunque lo parezca por el peculiar poder coercitivo que ejerce la burocracia de Bruselas. En el caso de España la advertencia no tiene la importancia que está teniendo en el caso de Polonia. No es igual porque las deficiencias de la Justicia aquí son de otro tipo y de momento no hay denuncia. Pero sí hay un perjuicio para la imagen de España, tanto a nivel europeo como internacional. Y además, no es nada bueno para el futuro del presidente del Gobierno, señor Sánchez Pérez-Castejón. El asunto ha saltado ya a la prensa internacional (The Economist) que sitúa el grado de independencia de la Justicia española en el puesto 22 de los 27 miembros de la UE.

El fondo de la cuestión es la interferencia de los partidos políticos en el proceso de nombramiento. De los 30 miembros que tiene el Consejo compete al Senado y al Congreso proponer cuatro miembros cada uno. El Comisario europeo ha tropezado con la intransigencia del gobierno a cambiar de sistema. Interviene por tanto el ejecutivo en el ámbito judicial. Con lo cual los tres poderes del Estado, legislativo, ejecutivo y judicial, están implicados en el problema. 

Decía el padre de la teoría de la separación de poderes que la independencia entre ellos es necesaria para el adecuado funcionamiento del Estado. Y lo decía frente al absolutismo de Luis XIV, del que Montesquieu fue coetáneo. Una afirmación revolucionaria y negacionista frente al absolutismo del monarca, que proclamaba El Estado soy yo. 

La mejor manera de garantizar la independencia del poder judicial es que los jueces elijan a sus pares sin la intervención del ejecutivo.