El amianto, material que fue muy utilizado durante décadas en el sector de la construcción debido a sus propiedades aislantes y por su bajo precio, se prohibió en España en el año 2002 tras haberse constatado que su presencia tenía relación directa con la aparición de enfermedades como la fibrosis pulmonar o el cáncer. Si bien las principales precauciones que se han tomado hasta ahora se centraban en protocolarizar su retirada, la Ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular aprobada el año pasado ha querido ir un paso más allá y ha puesto algunos deberes a los ayuntamientos.

Conocedora de las nuevas exigencias normativas, el concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento capitalino ha tomado la decisión de remitir una diligencia a cada una las secciones municipales para hacerles conocedores de la Ley e  identifiquen qué instalaciones municipales tienen amianto en alguno de sus elementos constructivos.

Con esa información, tal y como exige la Ley, el Ayuntamiento deberá elaborar un censo en el que figuren todos los inmuebles municipales que tienen amianto. Un listado que deberá de estar confeccionado antes del 10 de abril de este año.

Más generosa es la normativa para la retirada de este material, ya que sobre este aspecto lo que dice la Ley es que «las instalaciones o emplazamientos de carácter público con mayor riesgo deberán estar gestionadas antes de 2028». Dicho de otra manera, se dan cinco años de margen para actuar (...).

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