En la detención en Cerdeña del expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, tanto en sus aspectos judiciales como políticos son más las dudas que las certezas acerca de quién partió esta iniciativa y habrá que resolverlas en el tiempo más breve posible para desactivar el victimismo independentista, sus proclamas a favor de la amnistía y las protestas-reducidas- en las calles.  Su resolución contribuirá a saber también si la euroorden para su captura estaba en vigor o si se encontraba suspendida, si el Tribunal Supremo no ha sido suficientemente claro con el Tribunal General de la Unión Europea, con sede en Luxemburgo, y si ha tenido intervención en el arresto del expresidente fugado, en cuyo caso una decisión contraria a la extradición o una recuperación de la inmunidad por su condición de eurodiputado pondría de nuevo en entredicho su actuación.  

Para la justicia española y para el Gobierno de la nación lo mejor que puede ocurrir es que, si el tribunal sardo que tiene que decidir sobre la situación de Puigdemont no acuerda su extradición porque el Tribunal de Justicia de Luxemburgo vuelve a concederle la inmunidad parlamentaria, todo se haya debido a un fallo en el sistema policial italiano, que no tendría ese apunte en su base de datos y ha hecho un regalo envenenado a España.  Si los abogados del político fugado no consiguen del TGUE la adopción de medidas cautelarísimas y Puigdemont es extraditado, se habrá conseguido algo que tarde o temprano acabará por lograrse, su entrega a España para ser juzgado como lo fueron el resto de dirigentes del 'procés' en el otoño de 2017, que fueron condenados tras un juicio en el Tribunal Supremo en el que los jueces tuvieron un cuidado exquisito en la salvaguarda de sus derechos para evitar que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos revoque la sentencia.  

Si no ha habido intervención del Tribual Supremo en la detención de Carles Puigdemont, declaración institucional incluida, habrá quedado de manifiesto la sobreactuación del Govern catalán. Si por el contrario el juez Pablo LLarena era consciente del viaje del expresident y ha considerado que los jueces italianos podrían ser más proclives a la extradición que los belgas y alemanes por el delito grave de sedición y no por el menor de malversación, quedará de manifiesto la independencia judicial con respecto al Gobierno al que la extradición complica sus planes de futuro, e incluso le pasa al cobre la factura de los indultos, pero no puede permitirse volver a quedar de nuevo a los pies de los caballos y fallar en su intento de traerle a España para ser juzgado, sobre todo cuando existen muchas posibilidades de que el TGUE le restaure la inmunidad parlamentaria y tenga que ser puesto en libertad.   

La detención en Córcega ha abierto un frente en el Govern catalán pese a que haya compadecido unido tras Pere Aragonès para solicitar la libertad de Puigdemont. Ni una sola palabra ha dicho en contra de que la mesa de diálogo vaya a quedar congelada o condicionada por la situación de Puigdemont. El presidente del Gobierno de Pedro Sánchez, no ha dejado lugar a dudas acerca de que lo mejor es que Puigdemont sea juzgado en el Supremo, pero al mismo tiempo insiste en que el diálogo es la única manera de solucionar el conflicto político. Ambas cosas no son incompatibles.