El Ayuntamiento de Burgos, hasta ahora ajeno de las consecuencias de la crisis energética propiciada o agravada con la guerra de Ucrania, se prepara ya para el severo golpe que supondrá para las arcas municipales la subida de los precios de la luz y el gas. Si hasta la fecha el Consistorio capitalino se encontraba blindado al tener contratado un precio fijo pactado en la última licitación y no le afectaban las circunstancias del mercado, la situación cambiará de manera radical a partir del próximo otoño, momento en que finalizan los compromisos firmados con Iberdrola y Naturgy. A partir de ahí tocará firmar los nuevos contratos, pero con unas reglas del juego que se anticipan ya muy diferentes. Tanto, que el Ejecutivo local estima que ya en este 2023 pagará por estos suministros 2,8 millones de euros más que en 2022.
El nuevo escenario que se dibuja no es ninguna broma ya que difícilmente el Ayuntamiento puede aguantar el ritmo inversor con un incremento tan notable del gasto corriente y sin subir los impuestos. Porque cabe recordar aquí que también se ha disparado en los últimos años el gasto de personal y el que origina la prestación de servicios (debido a la actualización de contratos). A día de hoy los fondos europeos y la suspensión de las reglas fiscales operan como un salvavidas para las entidades locales, pero es probable que al próximo año o al siguiente no sea así.
El Ejecutivo municipal ha previsto ya que este año deberá realizar un desembolso de 10,6 millones de euros para hacer frente a las facturas de luz y gas. Es decir, un 36% más de lo presupuestado en 2022. Dicho con un ejemplo, solo la subida de estos recibos equivale prácticamente al desembolso que se realizará para rehabilitar la sede de la Policía Local y de los Bomberos o al arreglo de la piscina de verano del Plantío.
Aunque es probable que el Ejecutivo municipal haya querido ponerse en un escenario complejo y haya presupuestado un gasto más elevado del que finalmente se producirá, es importante reseñar que todo este gasto extra se espera que se produzca a final de año, ya que el contrato con Iberdrola (energía eléctrica) finaliza el 1 de noviembre y el suscrito con Naturgy (gas) lo hace el 1 de octubre.
Dicho de otra manera, la previsión que realiza el área de Ingeniería Industrial se resume en que la factura de electricidad se incrementará en 1,5 millones de euros en apenas dos meses y la de gas aumentará en casi 1,3 en tres mensualidades (...).
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