Los que conocían a ‘el Ruso’ llevaban tiempo sospechando que detrás de ese alto tren de vida que llevaba no se escondía nada bueno. Este georgiano de 29 años residente en Burgos llevaba un negocio de compraventa de vehículos importados desde el norte de Europa, principalmente Alemania, pero sus ganancias estaban muy por encima del mercado. Tuvo que ser una compañía aseguradora la que levantara la liebre hace poco más de un año, cuando él y sus compinches llevaron a cabo uno de sus múltiples fraudes. Habían dado parte para arreglar un vehículo accidentado antes siquiera de adquirirlo.
Varias unidades de la Guardia Civil de Burgos, en colaboración con la Agencia Tributaria, comenzaron a tirar del hilo hasta descubrir un entramado en el que estaban implicadas al menos otras 13 personas en la capital y en Valladolid. En un concesionario oficial de la provincia vecina terminaban los turismos importados, que se vendían a clientes que no tenían ni la más mínima idea de que habían sufrido accidentes. Los investigadores creen que la organización llegó a amasar cerca de medio millón de euros.
Su manera de actuar no era ni mucho menos sencilla. Por un lado, adquirían sociedades limitadas ya constituidas en diferentes puntos de España y se daban de alta en el Registro de Operadores Intracomunitarios para no tener que pagar el IVA de los vehículos que adquirían. Cuando Hacienda descubría alguna irregularidad y les cerraba la empresa, volvían al punto de partida. Sin embargo, en todo ese periodo habían puesto en marcha todo el engranaje sobre el que se sustentaba su negocio ilegal.
Compraban coches de alta gama en países como Alemania u Holanda. Eran turismos de marcas como Mercedes, BMW o Porsche que habían sufrido algún tipo de accidente, en algunos casos declarados siniestro total. Mediante facturas falsas, ocultaban su estado antes de introducirlos en España. También se aseguraban de que en el aplicativo informático no constasen los daños. Para poder matricularlos, los ponían a nombre de otras personas, unas veces porque les pagaban y otras porque usurpaban las identidades.
En este punto es donde actuaba el supuesto número 2 de la trama. Se trata de un burgalés de 41 años, trabajador de una comercializadora de empresas eléctricas, que aprovechaba su empleo para sacar de la base de datos los nombres que posteriormente figurarían en las matriculaciones. Todas las gestiones pertinentes las realizaba un gestor administrativo de la capital, que también está siendo investigado.
Una vez que introducían los vehículos en nuestro país, y valiéndose de la cobertura de pólizas de seguro a todo riesgo de empresas de compraventa, simulaban accidentes de tráfico para que la compañía aseguradora se hiciera cargo de los cuantiosos costes de reparación. Para ello, la organización también contaba con el apoyo de un perito. Después, los llevaban al concesionario de Valladolid, que los vendía sin informar a los compradores de que habían sufrido accidentes.
La Guardia Civil necesitó muchos meses para descubrir fisuras en la red. Visualizaron horas de grabación de las cámaras de autovías de la provincia donde fingían los siniestros para demostrar que no se produjeron. También constataron que alguno de los coches pasó la Inspección Técnica de Vehículos dos días después de haber dado parte al seguro de los golpes.
Seis personas fueron detenidas en Valladolid y ocho en Burgos, aunque no se descarta alguna más. En el momento de su arresto, ‘el Ruso’ llevaba 3.600 euros en efectivo y diverso material electrónico de alta gama.