Descartada la posibilidad de una victoria por mayoría absoluta en las elecciones generales cuando se cierren las urnas, todas la encuestas solo atisban dos escenarios, una mayoría absoluta con la suma de los escaños del PP y Vox, y otra más improbable pero plausible de que se pueda reeditar un gobierno de coalición entre los actuales socios con el apoyo de los socios de la investidura, nacionalistas e independentista de distinta condición.

En el caso de que se diera la primera opción, un gobierno de coalición entre un partido conservador y otro de ultraderecha se hace muy difícil pensar que los partidos de izquierdas organizarán una acción golpista, una rebelión contra el orden constitucional, un asalto al Congreso de los Diputados o a otras sedes de la soberanía nacional que partiera de una deslegitimación del Gobierno. Un gobierno de coalición entre la derecha y la ultraderecha ya se encuentra en vigor en nuestro país, en la comunidad autónoma de Castilla y León, y a nadie se le ha ocurrido poner en cuestión su legitimidad y no se ha producido ningún movimiento que impida su acción de gobierno.

La cuestión es que puede ocurrir si se diera el otro escenario, el de un nuevo gobierno Frankenstein apoyado por quienes quieren acabar con el régimen del 78, y si los partidos de la derecha estarían en condiciones de garantizar que no ocurrirían unos hechos semejantes a la invasión del Congreso de los Estados Unidos por las hordas trumpistas hace dos años, y la de los centros del poder de Brasil el pasado domingo por los grupos bolsonaristas, que no aceptan los resultados de las urnas y hacen llamamientos a un golpe de estado militar.

En ambos casos la reacción de los perdedores ha sido la de poner en cuestión la limpieza del proceso de escrutinio. En nuestro país nunca se han propagado dudas sobre los recuentos electorales, y la presencia de apoderados de todos los partidos en las mesas electorales ha hecho imposible cualquier intento de pucherazo. Luego los diputados salidos de las urnas son quienes deciden la investidura del presidente del Gobierno como corresponde a un régimen parlamentario representativo y por tanto el presidente elegido cuenta con toda la legitimidad.

A la vista de lo sucedido en Estados Unidos y en Brasil, las acusaciones de ser un presidente ilegítimo hacia Pedro Sánchez desde la ultraderecha y la posición más que tibia del PP, pueden tener consecuencias imprevisibles. Solo recientemente el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo realizó una declaración taxativa acerca de la legitimidad de Pedro Sánchez… pero deslegitimó su acción de gobierno. Si se tiene en cuenta que la primera reacción del PP al golpe en Brasil fue una reconvención de Pedro Sánchez y de que su ¿futuro? socio de gobierno no ha condenado esos hechos, no es baladí exigir a todos los partidos el compromiso de la aceptación sin ningún género de dudas de los resultados de las urnas y de la decisión del Congreso.

Otro escenario posible es que se produzca una victoria del PP en las generales, pero que no logre componer una mayoría absoluta y que sí la encuentre Pedro Sánchez. Entonces se volverá a repetir otra de las maniobras clásicas cuando del PP se queda sin posibilidad de gobernar, la apelación a que gobierne el partido más votado, y que de ahí surgiera un nuevo proceso de deslegitimación para el investido por el Congreso.