Tras 13 años como fiscal jefe de Burgos, en 2020 fue nombrado como fiscal superior de Castilla y León y recientemente resultó elegido entre los nueve vocales que componen el Consejo Fiscal. Este órgano de asesoramiento de la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, se reunió por primera vez la semana pasada y, como responsable de uno de los pilares de la justicia en la comunidad autónoma, Santiago Mena defiende a capa y espada la independencia y el papel clave de la institución.

Cuando se anunció su elección en el Consejo Fiscal comentó la Fiscalía en su nota que «las decisiones adoptadas por este órgano consultivo pueden repercutir en la consolidación del modelo territorial y de especialización del Ministerio Fiscal». ¿Cuál es ese modelo?
La consolidación del modelo territorial no la va a determinar el Consejo Fiscal, pero con esa expresión queríamos decir que es una institución de asesoramiento a la Fiscalía General del Estado. Y ahí sí, en el Estatuto reformado en 2007, se viene a consolidar la estructura territorial autonómica. Pero efectivamente sirve para unificar y marcar pautas, o aglutinar soluciones para cada territorio. En ese sentido, consolida una unidad de criterio.

¿Sí que marcará la línea de la especialización?
Esa especialización viene establecida también en el Estatuto. Yo diría que es incluso una súper especialización.

En noviembre de 2020, cuando usted fue elegido al frente de la Fiscalía Superior de Castilla y León, dijo que en Burgos era urgente la implantación de la oficina fiscal, ¿cómo está ese asunto que sigue pendiente más año y medio después?
Pudo ser paradójico que el nuevo Fiscal Superior, que procedía de la Fiscalía de Burgos, dijera aquello porque estaba implantado en todas las provincias menos en esta. Pero sucedió por unas razones un tanto farragosas de explicar. En la actualidad sigue sin estar constituida la oficina fiscal porque persisten esos problemas burocráticos. Cuando estaba a punto de empezar, la persona a la que se asignó el cargo de coordinador recurrió porque no estaba conforme con la decisión adoptada. Hubo que esperar a un contencioso administrativo que le dio la razón, y a partir de ese momento, que fue en 2021, había que iniciar la nueva publicación y todo el proceso

La Justicia es casi tan complicada o tan lenta como la administración…
No deja de ser administración, en sentido más amplio. Y quizás más lenta incluso, hablando de la Fiscalía, porque nosotros no tenemos presupuesto propio, dependemos de los Presupuestos Generales del Estado que no gestionamos. Hay que estar sometidos al procedimiento que toca, siempre sí o sí. Así que efectivamente, puede que la Justicia vaya siempre un poco a rebufo.

Hace unas semanas se reunió con la consejera de Familia de la Junta y hablaron sobre una nueva normativa «para devolver a las personas con discapacidad su capacidad jurídica». ¿Qué significa eso?
Esa ley, que entró en vigor en septiembre, viene a cambiar la filosofía de lo que hasta ahora todos entendíamos como la Ley de Incapacidad. Está arraigado en la sociedad que cuando una persona es mayor o tiene problemas mentales, como se decía hasta ahora, necesita una protección y lo que se decían las familias era: «Vamos al juzgado y lo declaramos incapaz». Desde 2006, con el Convenio de los Derechos Humanos de Nueva York, se ha intentado cambiar las mentalidades de jueces, fiscales o familias y también la forma procesal. Que las personas que necesitan apoyos los tengan, pero quitándoles la connotación de incapacidad. La ley pretende suprimir lo más posible la tutela. Ahora seguirá existiendo para las personas que no tengan otro mecanismo, pero hasta llegar a eso tendremos mecanismos en definitiva que eviten llegar a ese extremo. Hay que mentalizar a todo el mundo y cada caso necesitará un traje a medida. Hasta ahora se declaraba incapaz del todo y para todo, eso a partir de ahora se pretende proscribir.

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¿Es especialmente difícil de combatir esa delincuencia virtual? ¿Es más difícil de perseguir que los delitos 'físicos' de siempre?
De ahí la superespecialización de los fiscales. Es una tarea inabordable y nosotros siempre vamos por detrás del delincuente, pero en este caso con más razón. Durante décadas hemos tenido un entorno social y delictivo muy parecido. Un muchacho que estudiaba Derecho manejaba perfectamente el delito de homicidio, estafa o prevaricación porque era siempre igual, y también la manera de investigar. De repente, sin ningún tipo de formación, nos sobreviene esta cuestión: las nuevas tecnologías cambian el desarrollo. Y claro, el primer problema que teníamos era el miedo a enfrentarnos todos a algo desconocido. Cuando un fiscal especializado pedía una intervención los jueces eran mucho más retraídos a conceder una intervención telefónica o a la colocación de una baliza. Durante mucho tiempo los delincuentes nos han sacado una gran ventaja por nuestro desconocimiento. Ahora eso ya está superado pero no deja de ser dificilísimo luchar contra todo esto. Desde los mecanismos de control que tienen las compañías tecnológicas a la dificultad que presenta la investigación, a alguien que no sabemos ni dónde está o a los criterios de territorialidad. Porque claro, un señor en Rusia o en Estados Unidos le da a una tecla y nos llena de virus el mundo entero y a ver cómo conseguimos una comisión rogatoria o una orden de intervención.

Una Fiscalía de Burgos, España, ¿realmente tiene mecanismos para luchar contra esos delitos o está vendida?
Claro que los tiene. En eso se ha trabajado en todo este tiempo. Pero según qué tipos de delitos. Por ejemplo con los de odio, si uno manda una comisión a Massachusetts (Estados Unidos), porque dice que Google ha publicado no sé qué, te contestan que eso es libertad de expresión. Y efectivamente se encuentra uno con unas trabajas impresionantes. O cuando queremos investigar un phising, que resulta que mandamos a la isla de Man y te la contestan tarde, mal o nunca. Efectivamente hay mecanismos de coordinación entre países pero nos cuesta unos esfuerzos tremendos. Hay muchos más delitos que se quedan sin poder descubrir que los que terminamos solucionando.

(La entrevista completa, en la edición de papel de hoy de Diario de Burgos)