Desde los ayuntamientos, también desde la Diputación de Burgos, sus responsables insisten, y no poco, en que son administraciones próximas, más cercanas al ciudadano, transparentes y eficaces, cada vez más modernas, avanzadas y comprometidas para prestar un mejor servicio a la sociedad. Una cosa es predicar y, otra muy distinta, dar trigo. Para comprobarlo solo hay que realizar algunos trámites y gestiones ante ellas para ver que estas instituciones locales, las más de las veces, no son menos lejanas que la autonómica o mismamente la central.
No es nada fácil muchas veces sortear los obstáculos y algunos procedimientos administrativos del todo enrevesados y absurdos, también conseguir respuestas claras y, sobre todo, soluciones a los problemas, algunos de ellos, por cierto, provocados directamente por actuaciones negligentes, abusivas o desacertadas de esas mismas entidades. Esquivar el desmedido silencio administrativo tampoco es tarea leve. Que presentes una solicitud, un recurso, una reclamación, una queja… y que la institución concernida pase absolutamente de contestar en tiempo y forma es, desde luego, representativo de lo poco que importan en realidad las personas a las que dicen servir.
Es evidente que las administraciones locales, más allá de la celeridad y presteza que sí imprimen a los servicios tributarios, tienen que avanzar en agilidad y eficiencia en el resto de negociados, pero lejos de ello parece estar empeñadas en complicar todo. Seguramente haya que dedicar tiempo, personal, recursos y, especialmente, talento para romper ese círculo infernal al que condena irremisiblemente una burocracia anclada en el pasado y en el vuelva usted mañana o dentro de un año… Por desgracia tenemos además una función pública desmotivada y excesivamente politizada y, por qué no decirlo, en ocasiones con poca empatía y proactividad en el trato personal. El administrado no es el enemigo. Al final, solo el pagano de tanto despropósito.
Si de verdad nuestros gobernantes quieren esa administración cercana, transparente y eficiente es necesario impulso y voluntad política y funcionarial para acometer un cambio imprescindible e inaplazable para que de verdad se resuelvan con presteza, razón y justicia reclamaciones, quejas, recursos, tramitaciones… En fin, los problemas que afectan y preocupan a la ciudadanía.