El Gobierno de España no enviará tropas a Ucrania, ha confirmado la ministra de Defensa, Margarita Robles, lo que ya estaba descontado porque ningún país miembro de la OTAN lo hará. Nadie se va a meter en el avispero ucraniano que tiene una mala salida una vez que Vladimir Putin ha confirmado las sospechas y advertencias de los servicios de información estadounidenses que afirmaban que invadiría Ucrania. Con una alta dosis de voluntarismo, todos los países europeos y occidentales apostaron a que la diplomacia sería suficiente para alejar la posibilidad del ataque lanzado por Moscú. Todos los esfuerzos fueron necesarios y todos han fracasado porque ante un ultranacionalista que sigue el mandato mesiánico de unir y defender la Gran Rusia.
Vladimir Putin no entiende de políticas de apaciguamiento de infausto recuerdo, pero sabe muy bien cuáles son sus límites. Lógicas las preocupaciones en los países bálticos e incluso en Polonia y otros países del Este de Europa que dieron la espalda a Rusia en cuanto que pudieron y que buscaron amparo en la Unión Europea y en la OTAN, ante un hipotético abrazo del oso ruso. Con ellos utiliza la táctica de la provocación de los vuelos sobre su espacio aéreo sin ir más allá. En algunos de ellos se encuentran destacamentos militares españoles reforzados, en labores de policía aérea y con efectos disuasorios y defensivos para los que no es preciso que el Gobierno pida autorización al Gobierno para realizar esos despliegues que son incrementos sobre los ya autorizados.
La OTAN, y con ella España, debe realizar una profunda reflexión sobre su futuro, incluido el debate sobre la pretensión rusa de establecer un cordón de seguridad en torno a su frontera - como ofrece ahora Ucrania-, y simultáneamente la Unión Europea debe hacerlo también, porque un hipotético conflicto con Rusia tendrá como escenario el territorio europeo. Hace treinta años ya ocurrió con el desmembramiento de Yugoslavia y parecía que ya no sería posible otra guerra a tres mil kilómetros de nuestra frontera. Curiosamente dos españoles han tenido un papel determinante en ambos conflictos. A Javier Solana, como secretario general de la OTAN, le tocó ordenar los bombardeos sobre Serbia por la guerra de Kosovo. A Josep Borrell, como alto representante de la Política Exterior de la UE, le ha correspondido llevar el peso de las relaciones diplomáticas para tratar de evitar lo inevitable.
La firme posición del Gobierno, enmarcada en la respuesta común europea y de la OTAN de no intervenir militarmente en Ucrania, pero sí contribuir al reforzamiento de las medias disuasorias en otros países, y de que no habrá envío de tropas españolas a Ucrania, ha contribuido a que no haya disensiones entre los partidos coaligados y los socios parlamentarios, que han condenado la intervención rusa en Ucrania, aunque algunos hayan desempolvado sus tics antiatlantistas. Sacar la posición de España sobre la guerra de Ucrania del debate político es una obligación de todos los partidos, sobre todo porque la negativa a una intervención militar está fuera de toda duda y porque las consecuencias económicas y sociales que puedan derivarse de ese enfrentamiento y de las sanciones impuestas a Rusia no podrán atribuirse al Gobierno, que debe hacer lo indecible porque esa unidad se mantenga en el tiempo en beneficio de los ciudadanos.