Aunque la suspensión de las reglas fiscales por parte del Gobierno de Madrid ha eximido al Ayuntamiento de Burgos (y al resto de entidades locales) de destinar parte de sus recursos a la reducción de deuda durante este ejercicio y el pasado, el Ejecutivo de coalición del PSOE y Cs en el Consistorio capitalino quiere aprovechar los millonarios remanentes de tesorería de los que dispondrá en este 2022 para, por primera vez en la historia, amortizar con recursos propios y de manera anticipada 6 millones de euros de las importantes deudas que aún pesan sobre los consorcios del Desvío y de Villalonquéjar IV.

El concejal de Hacienda, David Jurado, defiende que esa es la intención del equipo de Gobierno ya que la «prudencia financiera» y la desahogada tesorería municipal recomiendan profundizar en la reducción de deuda para reducir los costes financieros (intereses) de los créditos existentes. Eso sí, en el número 1 de la Plaza Mayor, aunque confiados, primero tienen que asegurarse de que desde el punto de vista jurídico no se advierten impedimentos para amortizar una deuda que (aunque se tiene asumida como propia) es formalmente de terceros (los consorcios). 

Se quiere analizar también que la amortización de esos préstamos por valor de 6 millones de euros no van acompañadas de penalizaciones, ya que si se da ese escenario reducir anticipadamente la deuda no tendría demasiado sentido.

Hace ya unos años que el Ayuntamiento, como consecuencia de la renegociación de la deuda de los consorcios, tuvo que asumir que era responsable directo de, al menos, una parte de ella. La denominada como no sostenible (la que se admitió que no iba a poder pagar con la venta de suelo) se está reduciendo con cargo a los recursos propios del Consistorio. Eso sí, nunca se había planeado (hasta ahora) amortizar deuda de los entes de manera anticipada.

Más allá de esta circunstancia, la Junta de Gobierno aprobará hoy el Plan Presupuestario del Ayuntamiento para el periodo 2022-2025, del que se desprende una buena noticia. Cuando finalice este ejercicio, la deuda viva del Ayuntamiento se situará por debajo del 110% de sus ingresos corrientes.

Esta situación no se daba desde el año 2016, momento en el que el Ministerio de Hacienda decidió computar a efectos de la deuda viva municipal la acumulada por los consorcios. Y eso suponía un problema.

Aunque ahora, con la suspensión de las reglas fiscales, este ratio no supone un gran impedimento para el Ayuntamiento ya que los millonarios remanentes de tesorería le permiten destinar grandes desembolsos a inversiones, a partir de 2023 (cuando regresará en toda su plenitud la normativa sobre la estabilidad presupuestaria) la situación podría dar un giro.

Afortunadamente, bajar de ese 110% en la deuda viva provocará que al Ayuntamiento no se le obligue a destinar buena parte de su superávit a reducir deuda. Dinero que el equipo de Gobierno que se conforme tras las elecciones municipales de 2023 podría destinar a la ejecución de las llamadas inversiones financieramente sostenibles. Es decir, que no generan gasto corriente. Por ejemplo, peatonalizaciones o reurbanizaciones.

No se trata de que el Ayuntamiento, al observar que tiene manga ancha, decida acometer todas las inversiones que crea necesarias. Lo importante es que tendrá la posibilidad de elegir si quiere reducir deuda o no. En otras palabras, dispondrá de mayor libertad a la hora de decidir en qué emplea sus recursos.

En la actualidad, la deuda del Ayuntamiento ronda los 227 millones de euros, de los que la inmensa mayoría (unos 225) provienen de los dos consorcios.

En paralelo, la liquidación del Presupuesto de 2021 acaba de detallar la existencia de 70 millones de remanentes. El equipo de Gobierno podrá elegir el destino de alrededor de 50. De ellos, 6 quieren destinarse a reducir deuda.