La imagen de la España de Pedro Sánchez no anda muy allá en Bruselas, y la cosa no sería inquietante si ni fuera porque el futuro de España depende de las ayudas de Bruselas. Economía, agricultura, pesca, industria y sector energético se rigen por las iniciativas que se aprueben en el Parlamento Europeo. Y gran parte del turismo procede de países de la UE.

La trascendencia de las decisiones que se toman en Bruselas son básicas para la mayoría de los sectores económicos y sociales, pero lo que más daño hace a España es el deterioro de su imagen, y de su credibilidad, en las instituciones europeas. España ha dejado de ser relevante en la UE desde que Sánchez se coaligó con Podemos, y algunas de las políticas aprobadas porque formaban parte del acuerdo de coalición han provocado inquietud. Sin embargo el descrédito mayor de la España actual viene motivado por las dudas sobre su respeto a los principios de la democracia.

Hace tiempo que profesionales del Derecho y partidos de la oposición denuncian los movimientos del gobierno de Sánchez para controlar, o intentar controlar, a jueces y fiscales. El paso de Dolores Delgado directamente de su despacho de ministra de Justicia a la Fiscalía General del Estado, hecho insólito, fue el primer síntoma de que el gobierno de Sánchez-Iglesias se saltaba las barreras que blindan la independencia de los profesionales de impartir Justicia, y a partir de ese momento se ha intentado también cercar al Consejo General del Poder Judicial para que no pueda tomar decisiones mientras se encuentre prorrogado. Está prorrogado porque no hay manera de alcanzar un acuerdo con el PP, que exige que no haya ningún vocal cercano a Podemos o que tenga animadversión personal contra miembros del PP. Mal por parte del PP, que debería asumir que una negociación es un toma y daca, y no puede bloquear la renovación de una institución; pero es peor todavía que la reacción del gobierno sea echar abajo competencias del CGPJ.

Dos mil quinientos jueces han denunciado en Bruselas las injerencias del gobierno de coalición para a intentar minar su independencia. La respuesta de la UE ha sido convocar a un grupo de ellos para que informen sobre la situación. Una demostración de que en Bruselas tienen calado al gobierno español y no echan en saco roto ninguna denuncia, sino que la investigan. El gobierno se ha ganado a pulso el descrédito: no asume las indicaciones que le hacen llegar sobre las condiciones para recibir las ayudas de reconstrucción y continúan con los anuncios de cambios legislativos que asfixian la economía del país.

El propio Sánchez lleva años, antes incluso de ser presidente, advirtiendo sobre la importancia de llevarse bien con Bruselas y negociar de forma inteligente con las autoridades comunitarias. Sin embargo no pierde ocasión de dar munición a esas autoridades cuando le presentan como responsable de un gobierno intervencionista, ineficaz y demagogo.