El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha destacado que el Estado español y sus instituciones tienen una "deuda eterna" con las víctimas del terrorismo, quienes merecen un reconocimiento "profundo y sosegado" a su contribución "al sostenimiento de la democracia, de la victoria del Estado de derecho frente a la sinrazón"·.
Grande-Marlaska ha presidido este lunes en Valencia el acto de entrega de cinco grandes cruces y ocho encomiendas de la real orden de reconocimiento civil a víctimas del terrorismo, de las que ha reivindicado que son "la referencia ética" del sistema democrático.
Las grandes cruces, concedidas a título póstumo a los fallecidos en actos terroristas, se han entregado a los familiares de José María Lozano, asesinado por el Grapo en 1971; José María Gómez, víctima de un atentado de ETA en la localidad vizcaína de Ispaster en 1980; Eduardo Vinuesa, muerto en 1985 tras la explosión de un artefacto en un restaurante de Castellón; y Joaquín Antolí y Juan Francisco de Juan, fallecidos en el incendio del hotel Corona de Aragón en Zaragoza en 1979.
Se han entregado también ocho encomiendas a víctimas que sufrieron lesiones en los atentados contra el cuartel de la Guardia Civil de Llodio en 1980 y en 1988; en el atentado del hotel Bahía de Alicante en 2003; en la explosión de un coche-bomba en Pamplona en 1988; y en el atentado de 2017 en las Ramblas de Barcelona.
El ministro ha recordado en su discurso al profesor Manuel Broseta, asesinado por ETA hace 30 años en Valencia cuando acudía a la universidad a impartir clases a sus alumnos, que supuso un asesinato "atroz" que "marcó para siempre" a la sociedad valenciana y supuso un "fuerte aldabonazo" para "plantar cara a la sinrazón terrorista".
Ha destacado que la Comunidad Valenciana es una tierra "muy castigada" por el terrorismo, pues tras Madrid y el País Vasco, encabeza con La Rioja la lista con mayor número de víctimas según el lugar de los atentados, mientras que en esta región residen 609 personas que han sido "golpeadas" por el terrorismo entre 1979 y 2020, el sexto grupo más numeroso de España.
El ministro Grande-Marlaska ha explicado que con homenajes públicos como este, del que ya se hizo uno en Sevilla en octubre y otro en Burgos en noviembre, se quiere tener "un acto de justicia, de reconocimiento y de esperanza" cerca de los lugares de residencia de las víctimas.
Según ha señalado, estas son unas insignias "dolorosas", pero al mismo tiempo "cargadas de esperanza en un futuro mejor, sin sangre ni lágrimas derramadas" por el terrorismo, al tiempo que ha expresado el compromiso del Gobierno de España para seguir impulsando medidas que refuercen los derechos de las asociaciones de víctimas.
En representación de las víctimas ha intervenido Pablo Broseta Dupré, hijo del profesor Manuel Broseta, quien ha destacado que la concesión de las más altas distinciones posibles de víctimas del terrorismo no va a "mitigar el dolor, la pena y de la demanda de justicia", pero es un "justo reconocimiento" a la "dignidad, memoria y generosidad" que representan.