La Junta de Castilla y León aprobó ayer el límite de gasto no financiero, conocido como techo de gasto, para este año, que se sitúa en 10.167,59 millones de euros. Esta cantidad supone un incremento del 6,16 por ciento respecto al de los últimos presupuestos autonómicos aprobados, que corresponden a 2018, y representa la cifra más alta desde que el Gobierno regional lo calcula como referencia para la elaboración de las cuentas correspondientes al año 2012, que actualmente se encuentran prorrogadas.
El consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, explicó que la cifra se ha alcanzado teniendo en cuenta un crecimiento económico del 1,6 por ciento, el menor desde la salida de la crisis económica y el mismo previsto para el conjunto de España. A pesar de este escenario macroeconómico claramente en desaceleración, Carriedo aseguró que «no vemos riesgo de recesión» a corto plazo, a pesar de que «crecemos a la mitad del ritmo mantenido en los últimos años».
Con esta situación, la previsión para este año es que la tasa de paro se reduzca hasta el 10,8 por ciento con un aumento del empleo, medido en puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo, del 0,7 por ciento, lo que supondría unos 7.000 nuevos empleos, una cifra que se queda prácticamente en la mitad de los entre 12 y 20.000 creados en los últimos años.
Otras magnitudes que marcan el escenario con el que se elaborarán las cuentas autonómicas es el objetivo de déficit público, que este año será del 0,2 por ciento del PIB autonómico -124,10 millones- y especialmente un incremento previsto de las entregas a cuenta del Estado del 8,90 por ciento en comparación con 2018, al pasar de los 6.480,9 millones de ese año a los 7.058 millones que prevén recibir del Estado en este 2020.
Igualmente, contribuyen al incremento potencial del presupuesto el alza del 11,90 por ciento en las transferencias, al pasar de las 635,3 millones a los 710,95 millones; mientras que para los fondos procedentes de la Unión Europea se calcula un incremento menor, del 0,78 por ciento, al pasar de 1.196,4 millones a los 1.205,7, y lo mismo del concepto ‘otros ingresos’, del 0,76 por ciento (de 1.036,1 a 1.043,9).
Plazos
El consejero de Economía y Hacienda manifestó la intención de enviar inmediatamente el techo de gasto a las Cortes de Castilla y León para su aprobación en uno de los dos plenos que celebrarán durante el mes de marzo. El primer trámite se ha realizado esta semana y será en la primera de marzo cuando se publique la orden de elaboración de los Presupuestos Generales de la Comunidad, cuyo proyecto de ley quiere el Ejecutivo autonómico aprobar antes de Semana Santa.
Carriedo explicó que este año se producirá «una reducción del ritmo de aumento» presupuestario de los últimos años, tanto en términos de ingresos como en gastos, y que dejarán a la Comunidad dentro de los parámetros de la ley de estabilidad presupuestaria, con una tasa de referencia del PIB -regla de gasto- del 2,9 por ciento y un objetivo de deuda equivalente inferior al 22,8 por ciento del PIB.
Desaceleración
Tras la explicación de las grandes cifras sobre las que se asentará la elaboración de unas cuentas, que ya tiene la Junta muy avanzadas, el consejero insistió en que se hará todo lo posible en el cumplimiento del déficit público, fijado en el 0,2 por ciento, a pesar de que aún el Gobierno no ha comunicado los objetivos individualizados para cada comunidad autónoma.
Carriedo reconoció que «posiblemente todas las comunidades autónomas e incluso el Gobierno» incumplan el objetivo de déficit previsto para el pasado año, que finalmente ha quedado fijado en el 0,2 por ciento, aunque este dato no se conocerá hasta finales de marzo o principios de abril.