Sin hay un sector al que la subida de los combustibles le afecta de manera directa ese es el del transporte. Los empresarios viven con preocupación el momento y pendientes de que el Gobierno central incremente la línea de apoyos a una actividad que, no obstante, no se ha resentido en ningún momento. Lo dice José Luis Olivella, presidente de la Asociación de Empresarios Burgaleses del Transporte (Asebutra), quien asegura que «en la actualidad hay mucho trabajo». Una buena noticia, sin duda, pues revela que la actividad económica general no se ha frenado por ahora. El movimiento de mercancías es un termómetro que marca con fidelidad el momento económico de un país.
Ahora bien, el propio Olivella reconoce que el aumento del precio de gasóleo -con algún vaivén en las últimas semanas- está obligando a los operadores del transporte a hacer auténticos «malabarismos» con los clientes para ajustar presupuestos, porque en esta situación «lo que sí están bajando son los márgenes de beneficio». Pero, claro, las empresas no van a sacar los camiones «para perder dinero», de manera que esta circunstancia obliga a negociar con más frecuencia los contratos que se llevan a cabo entre quienes portan la mercancía y los productores de bienes.
El sector, por otra parte, está a la espera de que el Gobierno dé una respuesta a su petición de ayudas para paliar esta crisis. Una de sus peticiones es la prórroga hasta final de año de la bonificación mínima de 20 céntimos por litro o kilo (gas comprimido) de combustible, acordada el pasado 24 de marzo. Se aplicará al gasóleo, gasolina, gas y AdBlue, añadiendo otra ayuda directa de otros 20 céntimos al transporte profesional a través de un mecanismo equivalente al de la devolución del gasóleo profesional, que incluirá a los vehículos de hasta 7.5 toneladas de masa máxima autorizada, bien mediante una ayuda directa o mediante la habilitación de una tarjeta profesional.
La segunda solicitud es la de una ayuda directa durante un trimestre para las empresas de transporte de mercancías, en función del tipo de vehículo. La cuantía será 1.250 euros por camión y 500 euros por furgoneta, tal y como se acordó en el mes de marzo e incluyendo el sector de las mudanzas.
Y, tercero, solicitar la corrección de la cláusula de actualización del precio del transporte en función del precio de los combustibles, incluida en las Condiciones Generales de Contratación, pasando de un 30% a un 40%, incluyendo en esta medida al gas natural.
Con estas medidas, se confía en proporcionar músculo económico a profesionales y empresas en estos momentos de «dificultad extrema» para el transporte de mercancías por carretera. El Comité Nacional de Transporte por Carretera está trabajando también en la revisión del borrador de la futura normativa para la aplicación de los principios de la Ley de cadena alimentaria al transporte de mercancías por carretera, proporcionado por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Hasta el momento, la propuesta no resulta del todo satisfactoria, pero este organismo confía en poder contar con un texto que cumpla las aspiraciones del sector, antes de la fecha pactada con el Ministerio de Transportes del 31 de julio.
Queda poco tiempo para que se cumpla ese plazo, pero José Luis Olivella no es pesimista. Hay que recordar que el sector cumplió con creces su compromiso con la sociedad en la pandemia, con lo que espera que el Ejecutivo cumpla con los profesionales.