La crisis del coronavirus paralizó muchos servicios, incluidos los que se prestan desde el Ayuntamiento ya sea de manera directa o a través de empresas privadas. Estas están sujetas a la Ley de Contratos Públicos por lo que aunque no actúen como la administración sí que tienen peculiaridades. En el inicio del estado de alarma hubo alguna que presentó un Expediente de Regulación de Empleo y en el caso de Miranda se aprobó para tres servicios: el CIMA, zona azul y autobuses urbanos, cuya empresa tiene más servicios al margen del suscrito con el Ayuntamiento, lo que hace que sea algo diferente.
Estos casos según se explica en Comisiones Obreras pueden dar lugar ahora a una situación de choque de intereses puesto que las que aplicaron un ERTE podrán reclamar al Ayuntamiento cantidades económicas lo que supone "un problema" que según Marcos Citores, secretario general de CCOO-FSC en Burgos "va a acabar en los tribunales". En cualquier caso este escenario todavía no se puede dar por hecho en Miranda puesto que las empresas implicadas no han hecho ninguna reclamación.
El problema surgió en el inicio del estado de alarma "cuando hubo un aluvión de solicitudes para acogerse al ERTE por fuerza mayor", recuerda Citores. En ese momento entraron los tres que se han producido en Miranda, aunque el representante sindical añade que posteriormente se cambió el criterio y las empresas con contratos con la administración ya no entran en los Expedientes, sino que son los propios Ayuntamientos los que corren con el coste de los salarios y otros conceptos a calcular dependiendo de cada caso.
Esta rectificación se produjo cuando ya había empresas con el ERTE aprobado, sin que se pudiera dar marcha atrás. Dentro de este contexto y en base al artículo 34 de la Ley de Contratos Públicos, las compañías podrán reclamar una indemnización, algo "recogido en la propia regulación porque las han paralizado" y no han podido optar a beneficios. Incluso Citores repara en que se puede reclamar el gasto en personal.
La situación puede ser ahora más o menos problemática en función de la actitud que tome cada empresa. De hecho, Citores asume que si en las indemnizaciones se piden cantidades pequeñas por conceptos que se han mantenido "se pagará y no pasa nada". El conflicto vendrá en los casos en los que se haga una "petición exigente por los salarios o los beneficios previstos", por lo que ahí surgiría el problema y en ese caso reitera que será un juez el que diga la última palabra porque según la ley, las empresas tienen derecho a pedirlo.
En cualquier caso, Citores lamenta que en esto los que salgan perdiendo sean los trabajadores. En primer lugar apunta que los empleados en el ERTE cobrarán el 70% y además hay que tener en cuenta que durante el tiempo que hayan estado en el desempleo no habrán generado vacaciones.
A la espera. Mientras tanto, el Ayuntamiento explica que no han tenido notificación de que ninguna de las empresas con las que trabajan hayan solicitado un ERTE, aunque sí que se destaca que lo correcto al estar dentro de los contratos públicos hubiese sido en todo caso "reclamar un ajuste de equilibrio financiero con lo que el Ayuntamiento se haría cargo de las nóminas", matiza la concejala de Hacienda, Matilde Fernández.
Este reajuste se tendrá que presentar por todos los servicios que se han paralizado, para calcular los gastos ocasionados. En el caso de las empresas que se hayan acogido a un ERTE la concejala resalta que "no procede que se cobre de los expedientes y también del Ayuntamiento", por lo que remarca que "no se pagará dos veces por el mismo concepto".