Si ya de por sí es traumático para un menor sufrir cualquier tipo de violencia, tener que revivir ese episodio frente a su agresor en un juzgado lo es más todavía. Tanto el Estatuto de la Víctima incluido en la Ley 4/2015 como el texto de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia aprobado el pasado año buscan precisamente corregir unas anomalías procesales que ocasionaban revictimización. Una de ellas es reducir al mínimo sus declaraciones en un tribunal y crear un entorno dentro de los edificios judiciales más amable para los niños. Por eso, la jueza decana, Blanca Subiñas, considera indispensable habilitar salas en las dependencias de Reyes Católicos y dotarlas de medios técnicos.
En su memoria anual donde repasa el estado de los órganos judiciales burgaleses, la magistrada, que también es la titular de Menores, solicita la «creación de dependencias adecuadas que permitan hacer efectivos los derechos que el Estatuto de la Víctima reconoce, especialmente a los adolescentes o personas con necesidades especiales». Así, considera «indispensable» la creación de una o varias salas «que permitan la grabación de declaraciones que utilicen tanto el Juzgado de Menores como el de Violencia sobre la Mujer».
Estas dependencias, expone la jueza decana, deberá garantizar la protección a través de dispositivos técnicos para que pueda llevarse a efecto «la preconstitución probatoria de la declaraciones» y evitar el contacto visual con el investigado o procesado, así como tomar testimonio de los expertos. Hay una cuestión que también contempla la ley, que es el derecho de la víctima a no estar presente en la sala de vistas, por eso también contempla la puesta a disposición de medios tecnológicos oportunos.
Esta solicitud se suma a la obligación que tienen los juzgados provinciales de especializarse en materia de protección de víctimas menores, en cumplimiento a la Ley de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia. Una norma aprobada en 2021 y que da de plazo un año desde su publicación en el BOE -fue en agosto- para llevar a cabo la transformación. Lo ideal, entiende Blanca Subiñas, es que sea uno de los cuatro de Instrucción el que se encargue de estos asuntos. También deberán adaptarse los penales y la Audiencia Provincial.
Esto debería conllevar la creación de nuevos equipos psicosociales que se encarguen de la valoración de las víctimas. Básicamente porque el único que hay en la actualidad está totalmente colapsado. Pese a su refuerzo, no da abasto con los informes que se solicitan desde Violencia contra la Mujer, Menores y Familia. Con respecto a esta última jurisdicción se da una circunstancia curiosa. Y es que pese a que en verano de 2021 se creó el noveno Juzgado de Primera Instancia, que se especializó en divorcios y demás asuntos, no estuvo acompañado de un grupo técnico que descargase de trabajo al actual.
La jueza decana ve positivo que, tras años de reivindicaciones, el Ministerio autorizase la creación de ese segundo juzgado especializado en Familia. Aun así, sigue observando el resto de los órganos civiles muy cargados de trabajo. Una de las razones es que el número 4 sigue encargándose en exclusiva de asuntos bancarios.