Castilla y León es la tercera comunidad de España que más ha reducido la emisión de gases de efecto invernadero durante las últimas tres décadas, al rebajar en casi un 36,1 por ciento su emisión a la atmósfera, por lo que respetó holgadamente el compromiso asumido a nivel comunitario e internacional (20% respecto a 1990). Una cifra que se reduce hasta el 27,6 por ciento si se tiene en cuenta el periodo 2009-2020 en el que estuvo en vigor la última Estrategia para el Cambio Climático autonómica. Unas conclusiones que se extraen del informe de fiscalización sobre este documento, elaborado por el Consejo de Cuentas, que reconoce que «faltó coordinación, seguimiento y estimación presupuestaria». De igual forma, recomienda a la Junta que disponga de un marco legislativo propio que ordene las acciones de mitigación y de adaptación al cambio climático. En esta línea, también insta a la Consejería de Medio Ambiente a la creación de la oficina de lucha contra el cambio climático para diseñar, seguir y controlar las futuras estrategias.
No obstante, Cuentas avala que la Estrategia autonómica sirvió para «preservar el empleo y la mejora de competitividad de la economía castellana y leonesa» . Por ejemplo, pese al descenso del 10 por ciento en el consumo de energía final en el periodo 2009-2019, el PIB autonómico registró un incremento del nueve por ciento y mejoró la ratio de eficiencia energética. La institución propia también señala que, a diferencia de otras instituciones, en Castilla y León «no se ha efectuado una declaración de emergencia climática subrayando el compromiso firme de la Comunidad en la lucha contra el cambio climático y tampoco se ha comenzado a elaborar una estrategia de adaptación al cambio climático».
Ejecución de las medidas
En lo que respecta a la implementación del plan autonómico contra el cambio climático, de las 64 medidas y actuaciones seleccionadas en la muestra estudiada, 15 fueron ejecutadas en su totalidad (23%), 12 parcialmente (19), 24 no fueron ejecutadas (38%) y de 13 no se pudo obtener información sobre su ejecución. Por ello, Cuentas revela que, dadas la ausencia de coordinación, seguimiento y control del despliegue de la estrategia, la Consejería no pudo conocer el grado de ejecución real a lo largo de su horizonte temporal ni los recursos presupuestarios destinados a la misma.
En cualquier caso, señala que la significativa reducción de las emisiones fue ocasionada por la importancia que tuvo el descenso de las centrales térmicas que usaban el carbón para producir electricidad. Al mismo tiempo la producción de electricidad en Castilla y León se mantiene «prácticamente constante», pues la energía que se dejó de generar por los cierres de la central nuclear de Garoña y de las térmicas de carbón fue sustituida por el auge de las fuentes renovables.