El sistema de dependencia contó en 2020 con una financiación de 690 millones en Castilla y León, con 6.568 euros de media por persona (frente a 7.991 de España) y un total de 104.991 beneficiarios, según informó la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales.

Según las certificaciones anuales de las Comunidades Autónomas en 2020 la inversión pública en el Sistema de Atención a la Dependencia fue de 8.907 millones de euros. De acuerdo con estas certificaciones, las comunidades financiaron de media el 84,4 por ciento del sistema, con 7.517 millones de euros (un 4,13 por ciento más de gasto que en 2019).

La aportación estatal se situó en el 15,6 por ciento, con 1.390 millones de euros. Cuatro comunidades han disminuido en 2020 respecto a 2019 el gasto anual invertido en la atención a personas en situación de dependencia: Cantabria, Madrid, Castilla-La Mancha y La Rioja.

La financiación estatal se estancó tras los recortes de 2012 e incluso su participación porcentual bajó con respecto al año anterior, siendo el valor más bajo de la historia de la aplicación de la Ley de Dependencia. Es obvio que –en el año del COVID- alguien ha considerado otras prioridades.

Otro elemento crucial que la Asociación avisa de que no hay que perder de vista es el de la “acusada desigualdad territorial”. Las Comunidades que más invierten en dependencia por persona potencialmente dependiente y año son País Vasco (2.552 euros), Extremadura (2.058), Navarra (1.719) y Castilla y León (1.634 euros), y las que menos, Galicia (868), Canarias (968), Asturias (1.051) y Cantabria (1.193 euros).