El recortes en las ayudas que, por ahora, van a sufrir los agentes del Diálogo Social por valor de 20,3 millones de euros se extenderá a las diez consejerías que componen la Junta de Castilla y León ya en el próximo Presupuesto General de la Comunidad, correspondiente a 2023 y cuya elaboración ya se encuentra en marcha. El vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, anunció ayer mediante un comunicado esta incorporación de planes de reducción o supresión de subvenciones a todas las consejerías en las cuentas del próximo, por lo que el departamento de Industria y Empleo –el único por el momento que las ha avanzado– contará con las diez medidas que supondrán un «impacto» de 20,3 millones de euros en el «ajuste» de las partidas de dinero público destinadas a sindicatos, patronal y demás agentes sociales. «El objetivo es lograr cumplir con una reducción no inferior al 50%», expone en el documento, en el que no hace referencia a si cuenta con el visto bueno de la parte popular del Ejecutivo regional para implantar estas medidas en todos los departamentos de la Junta.
El también responsable autonómico de Vox, que ya aseguró que el recorte a patronal y sindicatos era «solo el principio», aprovechó para asegurar que durante el Consejo de Gobierno de este jueves «no ha reculado ni desmentido ningún extremo» en relación con el anuncio efectuado el pasado 13 de junio, después de que sus respuestas dejaran entrever ciertos matices sobre lo anunciado inicialmente, llegando a asegurar que «no necesariamente los sindicatos van a prescindir de ese dinero».
De esta forma, García-Gallardo ratifica que el plan inicial de ajuste de la Consejería de Industria incluye diez medidas, que en la actualidad representan un total de 20,3 millones de euros de dinero público. Recordó además que entre ellas figura la reducción de, al menos, la mitad de las subvenciones nominativas para participación institucional que reciben CEOE, CCOO y UGT (cuatro millones de euros), así como la «eliminación por completo de las subvenciones directas para Diálogo Social y prevención de riesgos laborales percibidas hasta ahora por estos mismos agentes sociales por tres millones de euros».
A su juicio, parte de este dinero «se redistribuirá en otros fines que redunden en beneficio real de los ciudadanos» y, en particular, «los trabajadores, a cuya prestación pueden optar los propios agentes sociales siempre que demuestren que son los mejores preparados para ello en un proceso abierto de concurrencia competitiva, conforme a criterios objetivos». «El fin del dinero público no puede ser en ningún caso comprar la paz social con el dinero de los contribuyentes, sino lograr un Diálogo Social fluido que tenga por único objeto mejorar las condiciones laborales, económicas, sociales y competitivas de nuestra región», sentencia.
Electromovilidad
Por otra parte, y también durante la jornada de ayer, el número dos de la Junta defendió ante el Comité de las Regiones que «no hay que forzar las transiciones» y enfatizó sobre el hecho de que «la innovación tiene sus propios tiempos». «El coche eléctrico tiene su papel y será positivo que vaya adquiriendo uno mayor, según avance la tecnología y se mejoren las infraestructuras para su generalización», apostilló el vicepresidente, según la información facilitada por la Junta, en la que sitúa a Castilla y León como «la región de España líder en la industria automotriz».