La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Burgos juzgará este mes de octubre a un joven de 23 años al que el Ministerio Fiscal le acusa de un delito de agresión sexual hacia una menor de 16 años y por el que pide diez años de cárcel y una indemnización para la víctima por daños morales y físicos que supera los 40.000 euros. Los hechos, que tuvieron lugar en un domicilio de la capital, se remontan al mes de agosto de 2018, cuando la adolescente relató lo sucedido en la Comisaría Provincial. El ahora acusado permanece en prisión provisional desde entonces.
Según recoge el escrito de acusación de la Fiscalía, ambos se conocían porque la joven era prima de la novia del presunto agresor. El día de los hechos, ambos se encontraban cerca del parque de San Agustín de la capital cuando el procesado le pidió a la menor que le acompañara a recoger un paquete que le iba a dar un amigo. Seguidamente, se dirigieron a su domicilio para dejarlo. Fue allí donde el hombre la agarró en volandas contra su voluntad, la tiró sobre la cama y comenzó a besarla y manosearla.
A pesar de las súplicas, la resistencia y los gritos de la adolescente, el acusado la penetró vaginalmente y la provocó un fuerte sangrado. También intento forzarla analmente, aunque finalmente cesó en su empeño por la fuerte oposición de la víctima. Como consecuencia de la agresión, sufrió lesiones en sus genitales y también hematomas en los brazos y piernas, así como un trastorno de ansiedad. Fue atendida por personal sanitario en el HUBU.
Para el Ministerio Público los hechos son constitutivos de un delito de lesiones leves en concurso con otro de agresión sexual por el que solicita al juez diez años de prisión y una prohibición de acercarse a la víctima durante 15. Asimismo, en caso de condena, pide que se le expulse a su país de origen, Colombia, una vez pueda acceder al tercer grado o se le conceda la libertad condicional. Como responsabilidad civil, reclama una indemnización a la menor de 40.280 euros en concepto de reparación del daño físico y moral causado, así como el pago del gasto sanitario generado al Servicio de Salud, que roza los 750 euros. La defensa del presunto agresor reclama la libre absolución porque asegura que las relaciones fueron consentidas.